Detecta TEEM violencia política en razón de género en Toluca

0
139

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) determinaron que Raymundo Martínez Carbajal ejerció violencia política en razón de género en contra de María Ana González Hermitaño, representante indígena ante el Ayuntamiento de Toluca. Contraloría del Poder Legislativo determinará la sanción.

El expediente PES/58/2023 la denunciante detalló conductas constitutivas por parte del Presidente municipal de Toluca durante la garantía de audiencia realizada en dos ocasiones la primera de ellas en diciembre y después en el mes de enero de este año.

En ambas ocasiones se le hicieron llegar a la representante indígena escritos que pretendían dar contestación a un requerimiento efectuado por el propio Tribunal Electoral, donde describían de manera violenta a la denunciante, entre ellas: “actitud caprichosa y negativa”; “abusar”; “actitud negativa”; “notoria mala fe”; “exigencias arbitrarias”; “cuyo origen se encuentra en un antojo”; “oscuridad de sus caprichos”; “la oscuridad, frivolidad e incongruencia que ha utilizado “se encuentra confundida del cargo que ostenta la hoy denunciante”.

Al respecto, el Tribunal Electoral del Estado de México juzgó la queja con perspectiva de género e interculturalidad, determinando que dichas frases actualizan violencia política, pues el denunciado, solo debía pronunciarse sobre aceptar o negar los hechos y, en su caso, exponer las excepciones y defensas que conforme a derecho correspondía; mas no así para emitir calificativos y expresiones sobre la representante indígena que van más allá de los argumentos de defensa, colocándola en una posición de vulnerabilidad.

Ante la situación el TEEM resolvió informar a la Contraloría del Poder Legislativo y resolver si Raymundo Martínez Carbajal debe ser inscrito en el padrón de personas violentadoras, tomar cursos para sensibilizarse, una disculpa pública o imponerle una sanción económica.

Cabe mencionar que esta problemática surgió desde el 2022 cuando tomó protesta la representante indígena, María Ana González, por no otorgarle un espacio para desarrollar sus funciones adecuado dentro del palacio municipal como lo es una oficina, o un lugar en el Cabildo, pese a ser integrante del ayuntamiento.