La administración municipal que encabeza Raymundo Martínez Carbajal justifico la detención de exempledos del ayuntamiento que exigen el pago de salarios atrasados tras ser despedidos, les imputan obstruir las vías primarias de comunicación, luego de que en días anteriores tomaron un edificio, lanzaron amenazas y realizaron conductas que alteraron el orden.
El día de ayer, después de una jornada de manifestación frente al Palacio Municip para exigir saldar la deuda con exfuncionarios, un grupo de ellos fueron detenidos por policía municipal y presentados ante en Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, situación por la cual responsabilizaron al alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal.
Un día despues, la unidad de comunicación social emitió una tarjeta informativa, la cual se reproduce íntegramente a continuación:
«Respecto a la situación de tres exservidores públicos que fueron remitidos ante el Ministerio Público, el gobierno municipal de Toluca informa que fueron presentados por obstruir las vías primarias de comunicación, luego de que en días anteriores tomaron un edificio, lanzaron amenazas y realizaron conductas que alteraron el orden.
En diversas ocasiones, los exempleados del Ayuntamiento fueron conminados a sostener un diálogo para valorar su situación laboral; sin embargo, sistemáticamente rechazaron los exhortos y optaron por la vía del bloqueo y la presión política para resolver su condición administrativa.
El pasado 17 de febrero, los involucrados tomaron el edificio de Protección Civil y Bomberos, impidiendo la salida de vehículos de emergencia, solicitando destituciones, con lo que se atribuyeron indebidamente funciones; luego se manifestaron la tarde de este lunes invadiendo la vía pública y generando conflicto, motivo por el cual fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La problemática con los exservidores públicos data de administraciones anteriores, cuando se creó la figura de los “comisionados”, que permite la apertura de plazas para personas que son designadas como resultado de algún tipo de negociación política o cuota de grupo y no de criterios de eficiencia, que son los que rigen la contratación en la actual administración municipal.
Uno de ellos fue “comisionado” a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos donde incurrió en conductas que determinaron que su estancia en la misma se limitaba a un período de dos meses, dejando el área con diversos señalamientos administrativos.
Ante tales hechos, creó una supuesta organización gremial denominada Justicia para Todos, misma que carece de sustento legal.
Otro de los involucrados generó conflictos y violencia desde el área a la que estaba adscrito derivada de la falta de pago de salarios al personal, durante la pasada administración.
Derivado de ajustes presupuestales y administrativas, obstruyó el acceso a las instalaciones y amenazó con bloquear diversas vialidades de Toluca exigiendo a las autoridades de la Coordinación General de Protección Civil que cesara a la línea de
mando de los bomberos por supuestas faltas e infracciones.
Adicional a ello, realizó amenazas directas contra una representante legal del Ayuntamiento de Toluca».
* Imagen tomada de internet.