A siete años del secuestro y asesinato de Carlos Eduardo Martínez alumno del colegio Montessori de Toluca, sus familiares aún no encuentran justicia; ahora denuncian vicios en el procedimiento tras la liberación de un quinto implicado en el caso.
Tomás Alfredo José Guadalupe Martínez Gutiérrez, padre del menor regresó este miércoles a los juzgados, esta vez para exigir se investigue por presunta corrupción a la jueza María Alejandra Carrillo García, quien el pasado 8 de octubre liberó a Erik Rojas Lina, quien junto con otros cuatro sujetos, entre ellos una mujer perpetuaron el asesinato de Carlos Eduardo.
“No me puedo morir y permitir que este país se hunda en la corrupción de un sistema de impartición de justicia en el que el que tiene unos pesos puede comprar su libertad, aunque haya asesinado a un inocente, como lo era mi hijo”.
La salud del octagenario se ha mermado desde el secuestro y posterior homicidio de Carlos Eduardo en el 2013, quien fue lanzado por sus raptores aún vivo desde el puente “Calderon” -200 metros de altura- ubicado en la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal en el Estado de México y posteriormente su cuerpo pasó cerca de seis meses en el SEMEFO en calidad de desconocido, pese a que vestía el uniforme del colegio.
En marzo de 2016 se lograron las primeras condenas a los asesinos de Carlos Eduardo cuando se les dictó una sentencia de 50 años de prisión a cuatro de los implicados: Beatriz Alejandra Morales Sendo, presunta autora intelectual del secuestro y homicidio de Carlos Eduardo, y tres de sus cómplices materiales: Margarito Salas Reyes, Emilio Victoria Rodríguez y Silverio Victoria Hernández, quienes habrían llevado al estudiante del Colegio Montessori engañado.
Sin embargo, Erik Rojas Lina, el quinto involucrado en el secuestro-homicidio y que se acreditó a través de grabaciones telefónicas y otras pruebas que sólo se encargó de “cuidar” al menor de edad reteniéndolo en la casa de su madre, ubicada en la calle de Vicente Villada, sin número, en la colonia Reforma, de San Mateo Atenco, desde donde también se hicieron llamadas telefónicas para negociar la libertad y la vida de Carlos Eduardo, y cuando fueron detenidos los otros implicados, este sujeto escapó, permaneciendo prófugo cerca de dos años, finalmente fue liberado por la jueza María Alejandra Carrillo García.
De acuerdo con el padre del menor la jueza llevó el caso por dos años sin dictar sentencia, a lo cual también contribuyó que los agentes del Ministerio Público que representaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se presentaran a las audiencias, no cumplieron con los términos legales establecidos y mucho menos fueron capaces de aportar pruebas que directamente vincularan al señalado.
“Las pruebas en contra de Erik Lina Rojas existen hay grabaciones en las que los otros acusados relatan que no solamente cuidó a Carlitos, sino, además, declaran que el día que lo arrojaron del puente, él fue quien lo agarró de los tobillos para arrojarlo al fondo del Puente Calderón. Es un asesino. Además, existen las llamadas telefónicas del número de la casa de su madre, donde negociaban, y él mismo reconoció haber hablado con nosotros. ¿Qué más pruebas quiere la jueza?”, acotó don Alfredo Martínez.
La lucha por buscar justicia para Carlos Eduardo le ha cobrado facturas a la salud de Don Alfredo, quien debe utilizar una silla de ruedas para trasladarse, y que ha expuesto en varias ocasiones la corrupción que impera en el sistema judicial.
“Llegó el momento en que los del Ministerio Público dejaron de ir, no cumplían con las citas, no se presentaban a las audiencias, y dejaron caer el caso, por lo que a la jueza le fue fácil tomar una resolución tan estúpida como la falta de pruebas, y lo dejó en libertad a Erick, a quien nosotros tardamos 2 años en atraparlo, porque la Policía Ministerial nunca pudo hacerlo”.
El padre de la víctima continuará buscando justicia y anuncio que recurrirá a todas las instancias legales, locales, federales o internacionales para revertir la decisión de la jueza María Alejandra Carrillo García, y dijo que irá a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a exigir se investigue la actuación de los servidores públicos involucrados: la jueza y los agentes del Ministerio Público, por presunta negligencia en el desempeño de sus funciones y probable corrupción”.
“¡No me voy a morir hasta ver a ese tipo tras las rejas, de manera definitiva, y también a la jueza María Alejandra Carrillo García y a los agentes del Ministerio Público que contribuyeron para que uno de los asesinos de mis hijos fuera liberado, ande libre, feliz, riéndose de la justicia, y burlándose de la muerte de mi niño!”, advirtió.