El abogado Cristóbal Coyote de la firma Organización en Servicios Jurídicos Integrados S.C., rompió el silencio sobre la forma de «conciliar» que aplica la administración que encabeza el alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales después de que éste último hiciera público un laudo por 5 millones de pesos por un asunto que «no ocurrió durante su gobierno».
La administración de Toluca extorsiona bajo la complicidad del alcalde, Zamora Morales es evidente que se le olvida que eso es delito, el señor quiere sacar provecho de una situación legal a través de sus funcionarios, para cobrar los laudos pendientes son los «moches» por ordenes «de arriba», esa fue la condición que impusieron.
Arreglar tus asuntos es bien fácil, tienes que “mocharte” para cobrar, aquellos que superan el millón de pesos la tarifa es el 30% y para los de menor cantidad es del 10% con eso tus pagos salen rápido, fueron las palabras del subdirector jurídico, Ray Antonio Reyes Rojas para «conciliar», recuerda el abogado.
Durante la trigésima novena sesión ordinaria de Cabildo, Fernando Zamora aceptó que existen laudos, los cuales no piensa pagar hasta que un juez le diga lo contrario, tras justificar que «esto no ocurrió durante su gobierno» y cuyo monto asciende a 5 millones de pesos.
El alcalde Zamora Morales miente, no es sólo un laudo, son 16 cuyo monto total asciende a 6 millones 926 mil 727.36 pesos y entre ellos están 5 ex empleados del Sistema de Bici Pública Huizi despedidos a mediados del 2016, detalló Cristóbal Coyote, sosteniendo lista con nombres y números de expediente de cada uno de los casos.
«Me sorprende su actitud porque a sabiendas de las obligaciones que tiene, se resiste a pagar, en administraciones pasadas, incluso con las encabezadas por las priístas María Elena Barrera y Martha Hilda González Calderón el trato fue respetuoso, ellas siempre fueron muy respetuosas de la ley, tengo que reconocerlo. Tuvimos muchos juicios y la mayoría se pagaron», recuerda el jurista.
Respecto a los despidos del personal de Huizi, agregó, ellos (el municipio) se defendieron en el juicio, sí no les concedieron la razón es por algo, lo qué pasa es que el alcalde no está consciente de la dimensión de los juicios laborales, a final de cuentas todo ese dinero se traduce en deuda pública. Esta no es cuestión de voluntad se trata de legalidad, el presidente municipal tiene la obligación de atender todos los pasivos, sí deja crecer la deuda incurre en responsabilidades penales y administrativas.
Bajo ese argumento, ahora el representante legal de las personas despedidas denunciará penalmente y ante la Contraloría de la Legislatura por desacato a la ley al alcalde Zamora Morales.
No es la primera vez que la administración que encabeza Fernando Zamora es acusada de pedir «moches», los representantes de Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC) hicieron lo propio cuando el ayuntamiento les notificó que les pagarían las obras realizadas en Toluca, «porque no se habían contratado en la actual administración, faltaba papeleo o eran inexistentes, situación que impulsó a los empresarios para activar una campaña «anti-moches» en el Estado de México pero en específico en Toluca.