La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la recomendación 35/2017 al director general de Prevención y Reinserción Social de la entidad, por la inadecuada gestión al interior del penal Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, que provoca vulneraciones a los derechos humanos de internos, sobre todo en el Módulo de Tratamiento intensivo conocido como “Fortaleza”, al permitir, consentir y tolerar actos contrarios a los fines del sistema penitenciario y denotar con ello, deficiencias administrativas.
Tras una llamada telefónica el pasado 4 de noviembre de 2017 para informar sobre un supuesto motín y sublevación, así como la retención del director del centro penitenciario y tres custodios, personal de la Codhem se trasladó y entrevistó a servidores públicos e inconformes, que se quejaron de afectaciones a su integridad personal por parte de reclusos y elementos de seguridad y custodia.
Asimismo, se constató que en el área de tratamiento intensivo había reos con objetos ilícitos, que ponen en riesgo la vida de las personas privadas de libertad; además se detectó la presencia de espacios de segregación por largos periodos de aislamiento, que violan las normas internacionales de derechos humanos y producen grave deterioro a la integridad física, psíquica y moral de quienes están confinados.
El organismo defensor estableció que es innegable que las condiciones inhumanas de reclusión, la falta de provisión de servicios básicos y la ausencia de control efectivo de la seguridad interna por parte de la autoridad máxima del penal, han favorecido la escalada de violencia, aunado a la incapacidad del responsable para recuperar el control interno y la falta de medidas eficaces para corregir las deficiencias que permitan prevenir situaciones como las acontecidas.
Entre los puntos recomendatorios, la Codhem instó a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, a separar de sus funciones a los cuatro servidores públicos involucrados, en tanto se determine su responsabilidad; en la carpeta de investigación que inicie la Fiscalía General de Justicia estatal, indagar las conductas delictivas que hayan tenido lugar, aportando la documentación necesaria para identificarlos.
Como parte de las medidas de no repetición, el organismo defensor solicitó establecer un sistema claro para verificar a reclusos que deben tener un tratamiento especial y evaluar su grado de riesgo de manera continua; dar capacitación desde el titular del centro penitenciario hasta el personal de custodia, seguridad y vigilancia, responsables del módulo de tratamiento intensivo.
Debe acreditarse que la totalidad del personal cuenta con el perfil adecuado, la idoneidad y condiciones mínimas requeridas para los fines del sistema penitenciario; y en el caso del módulo denominado Fortaleza, justificarse que cuenta con el número suficiente de servidores públicos en materia técnica, administrativa y de custodia, previamente seleccionados y capacitados para cubrir las demandas.
Otro punto esencial, es acreditar la existencia de reglamentos internos que especifiquen de manera clara las acciones u omisiones que constituyen una infracción de disciplina penitenciaria que conlleve a una medida disciplinaria formal, la cual debe difundirse entre los internos así como sus alcances, mientras que al personal se le debe precisar la exacta aplicación de la ley en cuanto a sanciones disciplinarias de los presos.