Diputados de Morena en la LXI Legislatura del Estado de México presentaron una iniciativa de Ley con la que pretenden castigar como defraudación fiscal la retención de cuotas a trabajadores del ISSEMYM sin que éstas se le entreguen a la institución, los responsables podrían alcanzar hasta cinco años de prisión.
A decir de los diputados que analizan la iniciativa en comisiones, la falta de pago de estas aportaciones propició un déficit anual a la institución de mil 200 millones de pesos.
De acuerdo con reportes de la Auditora superior, el ISSEMyM tiene solicitudes de aclaración por mil 686 millones de pesos en las cuotas y aportaciones por cobrar.
Ante esta situación, la propuesta de Gerardo Ulloa y Azucena Cisneros busca tipificar la conducta en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, como un delito especial; esto es, agravar la conducta y sus consecuencias, como reparar el daño equivalente al monto que hayan omitido porque estos recursos no son de libre disposición, ya que las instituciones públicas están obligadas a enterar las cuotas y aportaciones dentro de los cinco días siguientes al de la fecha de retención al trabajador.
El planteamiento establece el delito de defraudación a los regímenes del ISSEMyM, y sancionar al o los funcionarios públicos que omitan total o parcialmente entregar las cuotas, o a quien omita presentar querella por estas omisiones, y define sancionar con el doble de la pena para el delito de defraudación fiscal, y que hoy establece penas de tres a cinco años de prisión para montos defraudados mayores a 500 mil pesos.
Al respaldar la propuesta de sus compañeros de bancada, Carmen de la Rosa Mendoza indicó que el ISSEMyM proporciona servicios a 839 mil derechohabientes entre trabajadores, pensionados, pensionistas y sus familiares, pero tan solo entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, el monto por cobrar a dependencias por concepto de aportaciones aumentó en 75 por ciento, al pasar de mil 957 millones de pesos a 5 mil 215 millones de pesos, donde las instancias con más deudas son la Jefatura de Policía Industrial, el CUSAEM y los Cuerpos de Vigilancia Auxiliar y Urbana que concentran el 84 por ciento.
En su intervención, la diputada Mónica Álvarez Nemer, presidenta de la Comisión de Planeación y Gasto Público, celebró la propuesta de su bancada porque busca combatir de manera frontal la corrupción y también salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos a la seguridad social, por lo que tratándose de un delito de defraudación del régimen del ISSEMYM, pidió que la Junta de Coordinación Política invite a la Fiscalía General y a la Procuraduría Fiscal para escuchar su punto de vista para enriquecer la iniciativa.
La bancada del PRI respaldó la propuesta morenista y planteó que la omisión en la entrega de aportaciones de cuotas no solo se considere como delito fiscal, sino como fraude de tipo penal, y que se involucre a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la retención de recursos, y el destino que se da a los mismos, así como a la Procuraduría Fiscal.