El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señala que frente al contexto de la pandemia del COVID-19, debido al confinamiento la violencia contra las mujeres se ha agudizado.
Al quedarse sin trabajo, la mayoría de las familias viven contextos de preocupación, de alimentos, economías precarias, incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y niñas al enfrentar diferentes tipos de violencia, como: económica, psicológica, emocional, física, sexual e incluso feminicida.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el 25 de abril de este año, informó que de enero a marzo han sido asesinadas 960 mujeres, de los cuales sólo 240 de los casos se han investigado como feminicidio.
A ello, se añade la imposibilidad de que puedan denunciar las agresiones, quienes se atreven a ir enfrentan la negación de las autoridades para tomarles la denuncia.
“Hemos documentado también el incumplimiento de obligaciones de las pensiones alimenticias, sustracción de menores, retos, incumplimiento y riesgo para el cumplimiento de la guardia y custodia de menores”.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exige a las autoridades federales, estatales y municipales:
Generar mecanismos de fácil y urgente acceso a las órdenes de protección para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres mexicanas.
Impulsar medidas urgentes y extraordinarias para que las mujeres, sus hijas e hijos prevalezcan en sus casas para no exponerse al COCID-19.
Realizar patrullajes constantes en comunidades y ciudades, particularmente en los domicilios de las mujeres que cuentan con órdenes de protección.
Difundir de diversas formas y medios el nombre, contacto, dirección y horarios de atención de las instancias encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia, tomando en cuenta la perspectiva intercultural, para que pueda ser accesible a la mayoría de las mujeres.
Etiquetar presupuestos adicionales para atender los impactos negativos de la pandemia en la vida de las mujeres e infantes. Reprobamos cualquier intento de reducción a los presupuestos destinados para atender a las mujeres que sufren violencia como el negado a las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMI) el pasado 3 de abril 2020.
Piden cumplimentar audiencias judiciales, aunque sea de manera virtual, debido a que el lapso de confinamiento no es periodo vacacional.
Exigimos conocer el plan de acción que emprenderá para atender a las mujeres durante pandemia del COVID-19 por parte del Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
Actualizar, a la brevedad, el informe sobre la implementación de las 18 Alertas de Violencia de Género (AVG) declaradas y las 5 que están pendientes.
Por último, llaman a la Cámara de Diputados/as y al Senado de la República para que las modificaciones al tipo penal del feminicidio y a la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) sean progresivas y sin retrocesos.