Discutirán futuro sobre aborto seguro en México

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Los días 19, 20 y 21 de octubre de 2023, en la Ciudad de México, mujeres, personas trans, no binaries, indígenas, afromexicanas, activistas, acompañantes de aborto, y mujeres con discapacidades, todas feministas procedentes de organizaciones, colectivas y redes de 28 estados del país, se congregarán para fortalecer una visión compartida sobre el estado actual del aborto en el país, y propiciar un espacio de análisis, reflexión y construcción colectiva de una agenda hacia el futuro en materia de despenalización y acceso al aborto seguro en México.

Tras reconocer avances en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, alcanzando importantes conquistas como son la despenalización del aborto en varias entidades federativas y múltiples sentencias favorables en la Suprema Corte, actualmente encuentran retrocesos democráticos con gobiernos estatales que profundizan la desigualdad, impidiendo la garantía del marco de derechos humanos y generando mayor exclusión de las mujeres, hombres trans, personas no binaries, personas intersexuales, género fluido, agénero, personas trans masculinas y otras personas con capacidad de gestar.

Ante esto, consideran necesario implementar una variedad de estrategias para avanzar en la despenalización y acceso al aborto seguro, incluyendo enfoques legales, judiciales, de acompañamiento y despenalización social, la cual, no debe ser gesto simbólico, sino un proceso integral y sostenible que garantice la libertad de decisión sobre nuestro propio cuerpo.

En la antesala de las elecciones del 2024 en México, consideran fundamental abordar los desafíos para garantizar la salud y los derechos reproductivos, incluyendo el aborto legal y seguro, por lo que hacemos un llamado a quienes aspiran a puestos públicos y de representación –locales, estatales, federales y autoridades comunitarias– para que se comprometan a:

Dejar de utilizar el derecho penal para determinar quién, en qué condiciones y bajo cuáles circunstancias puede acceder a un aborto de manera legal y segura, abandonando el modelo de plazos, causales y escenarios para erradicar así la posiblidad de criminalizarlo.

Asignar presupuestos suficientes, a nivel federal y local, destinados a garantizar servicios de salud de calidad para acceder a abortos seguros. Estos presupuestos deben garantizar que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan acceder a servicios oportunos, adecuados y de calidad.

Asegurar el abastecimiento de medicamentos y otros insumos necesarios para la práctica segura de abortos en los sistemas de salud pública. Asimismo, instamos a eliminar barreras que obstaculizan el acceso a medicamentos como el misoprostol y la mifepristona.

Asegurar el acceso integral a servicios de salud reproductiva, considerando tanto la orientación sexual e identidad sexo-genérica, como las condiciones de salud y situación migratoria de cada persona.

Capacitar y sensibilizar para que la objeción de conciencia no sea un obstáculo en el acceso a servicios de salud reproductiva para mujeres y personas con capacidad de gestar, incluyendo a todas las que han sido históricamente vulneradas.

Garantizar la Educación Integral en Sexualidades (EIS) para todas las personas con énfasis en las infancias, adolescencias y juventudes, desde los niveles educativos básicos, los servicios de salud, hasta todos los procesos de formación y capacitación; reiterando que la EIS es un derecho humano constitucionalmente reconocido.

Armonizar los marcos normativos, los códigos penales y leyes de salud de todas las entidades federativas, con los más altos estandares de garantía de derechos, eliminando el tipo penal y atendiendo el aborto como un asunto de salud pública. Para avanzar hacia ese horizonte, urge despenalizar en los estados faltantes y garantizar el acceso a servicios de aborto en el sistema de salud, gratuitos y de calidad.

Hacen un llamado amplio a la clase política y partidaria de México a comprometerse desde una perspectiva intercultural e interseccional con la democracia, la justicia y la laicidad de nuestro país como marco indispensable para garantizar los derechos reproductivos, la despenalización y el acceso efectivo al aborto seguro.