Por Juan Carlos González Díaz, Presidente del Foro de Abogados Progresistas del Estado de México; A. C.
En México todos somos iguales ante la ley, o al menos eso establece nuestra Carta Magna en diversos artículos como el “1º” y “17º”. Así como diversos ordenamientos legales, e incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere precisamente ese derecho, “principio de igualdad ante la ley”. Palabras más palabras menos, establece que todas las personas que intervengan en un procedimiento penal recibirán el mismo trato, y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa.
Sin embargo, ello parece que no debe aplicarse si se trata de científicos o académicos del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) que crearon una asociación civil llamada “Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. que exigía recursos anuales por 50 millones de pesos, y que ahora piden que a estos no se les aplíquela ley y mucho menos se les investigue.
Como si a estos, por el sólo hecho de decirse académicos, fuera suficiente para que las leyes no se ocupara de ellos, y como siempre las elites que antes se vieron beneficiados y que ven en peligro su “status quo” lanzan el grito en cielo, porque desde su percepción a ellos no se les debe de tocar. Son otra clase aparte y por tanto el cumplimiento de la ley no tiene que ver con ellos.
¿Pero de que se les acusa? Los 31 académicos son señalados de haber cometido delitos patrimoniales en contra del erario.
A los exfuncionarios se les busca imputar los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Según la FGR, los científicos, exintegrantes del Foro Consultivo del Conacyt en la administración pasada de Enrique Peña Nieto, recibieron más de 200 millones de pesos para gastos operativos y actividades que por ley le corresponden al Conacyt.
El periodo económico neoliberal que permeo en México hasta ante de la llegada de la “4t” al poder presidencial, viendo su efervescencia principalmente desde los gobiernos de Miguel de la Madrid, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, dentro de todos los males que trajo al país, aparte de la corrupción, desigualdad económica, social, etc. Creo varios grupos de persona que se sentían intocables: políticos, periodistas, empresarios, intelectuales y ahora académicos, que Gramsci llamo “orgánicos”; por su cercanía con el poder.
Personas que por su cercanía con el poder obtuvieron muchos beneficios entre ellos: ganancias monetarias y que a través de la compra con dinero público se dedicaron a la zalamería del poder y con ello evitar que estos fueran auditados por el dinero público que se les entregaba.
Según “Gramsci” eran intelectuales todos los que intervenían en el diseño y organización de las políticas públicas del Estado. Los expertos y los funcionarios también eran intelectuales porque, a su juicio, participaban en la legitimación del grupo dominante ante la sociedad civil.
Entonces la pregunta debería ser y ¿Por qué no?. Los académicos y cualquier persona que ha cometido un delito tienen que ser juzgados y cuentan con todos los derechos humanos que nos otorga nuestra Constitución y diversos Tratados Internacionales, por ello no se deben de escudar en privilegios que se tuvieron en el pasado, asumir su defensa, si son inocentes que se demuestre y si no es así, que se les juzgue como a cualquier ciudadano que ha trasgredido la ley.