Por Juan Carlos González Díaz, Presidente del Foro de Abogados Progresistas del Estado de México; A. C.
Una vez más, el gobierno federal a través del presidente Andrés Manuel López Obrador se pone al frente en cuanto a dar respuesta a los cientos y cientos de casos de personas que están encarceladas y las cuales aún no reciben sentencia dentro del sistema penal federal. Con una propuesta que pretende ser decreto, para dejar en libertad a personas donde ha existido abuso de la prisión preventiva, víctimas de tortura y se atienda a la población de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Mientas tanto el poder legislativo, ejecutivo y el judicial del Estado de México, siguen dormidos ante esta problemática, queriendo arreglar o darle solución con una Ley de Amnistía que nació con invasión de poderes estatales que no le corresponden al legislativo, además que no es la solución a este problema de cientos de personas que se encuentran encarceladas injustamente, mayores de 65 años sin que hayan sido juzgados dentro del término de ley, etc.
Así también diversas organizaciones de derechos humanos, que piensan que es a través de esta –Ley de amnistía- que puedan lograr la libertad de estas personas y otras tantas que se encuentran en las mismas condiciones en las cárceles del estado de México; personas por cierto encarceladas de manera injusta o bajo tortura según lo que refieren sus familiares:
“Familiares de personas privadas de la libertad simulan maltrato en penales del #Edoméx, en la plaza de los Mártires de Toluca, para exigir una vez más la liberación de aquellos “presos inocentes”, a quienes les fabricaron delitos a través de tortura o por falta de recursos para pagar un abogado.”(Acusan tortura sistemática en Edomex, transeuntemx.com).
Lo único que hacen es caer en el juego ocioso al que los ha llevado el propio legislativo al pretender asumir un rol de juzgadores y de peritos en derechos penal lo cual no les corresponde, ya que como lo he dicho en artículos anteriores, dicha ley invade atribuciones que les corresponde al judicial o en su defecto al ejecutivo -como pudiera ser el indulto-, y es que tal vez el poder Judicial del Estado de México por no controvertirse con el legislativo y llevar una buena relación, es que este (poder judicial) no ha iniciado un controversia constitucional por la invasión de su esfera juzgadora.
Sin ir más lejos, ahí está el caso de la nueva ventanilla que instalo la legislatura: “La Comisión Especial de Amnistía del Congreso local aprobó por unanimidad la Plataforma Digital para la presentación de solicitudes, en la cual, como lo señala la Ley de Amnistía, se recibirán los casos que por su relevancia sean puestos a su consideración por encuadrar en supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos.”(Pagina de Facebook del Poder Legislativo del Estado de México, 28/julio/2021).
Lo único que logran los diputados es confundir aún más a las personas que ponen sus esperanzas en una “ventanilla sui generis”, y que ahora pretenden asumir una función que de suyo es inconstitucional, si así con todas sus letras. Por mucha ley que hayan aprobado la propia legislatura no pueden estar más allá del sistema de división de poderes y a estos, los diputados les corresponde crear leyes y al poder judicial aplicarlas, así de sencillo.
Urge que la legislatura mexiquense, empiece a trabajar a fin de crear una ley a través del cual tenga los mismo efectos que el realizado por la poder federal, dejando de invadir competencias y dándoles seguridad jurídica a los cientos de personas que efectivamente se encuentran injustamente encarceladas víctimas de tortura, (debidamente acreditado), que no hayan cometido delitos graves y que cumplan con más de 10 años sin sentencia, adultos mayores de 75 o adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas.