Oportunismo electorero tras salarios a delegados municipales.
Por Lic. Juan Carlos Gonzalez Diaz, Presidente del Foro de Abogados Progresistas del Estado de México.
A últimas fechas, se ha puesto en la palestra política, la posibilidad de que las autoridades auxiliares –delegados municipales- en el Estado de México puedan tener un salario.
Esto se ha dado a raíz, que el día 19 de mayo, se da una controversial resolución dictada por la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que ordena al Ayuntamiento de Ocoyoacac, fijar un salario y pagarle a un Delegado Municipal de la Zona de la Marquesa.
Así también, algunos diputados de la legislatura estatal, andan con la cosquilla de lanzar una iniciativa de ley para que las autoridades auxiliares en los municipios cobren un salario; esto con un fin meramente electorero, más que una verdadera preocupación por los delegados.
Se podrán decir muchas cosas en contra de dicha resolución. Como que es un puesto honorario, y por ello no debe de ser pagado, ya que así está establecido, tanto en la Ley Orgánica Municipal, como en la Bandos Municipales. También se dice que se podría crear un conflicto financiero a los municipios, en virtud de que no tienen una partida presupuestada para dicho rubro de pago de salarios a las autoridades auxiliares. Pero más allá de cualquier beneficio personal, como el pago de un salario, existen otras causas preocupantes para las poblaciones del Estado de México, si esto llegare a pasar.
En mi opinión como jurista, considero que más que ayudar a las personas que se desempeñan como autoridades auxiliares de las poblaciones del Estado de México. Lo más seguro es que si se les paga un salario por parte del gobierno municipal al que pertenecen, esto los perjudicaría, desde el punto de vista de las obligaciones legales que nacen por ese sólo hecho de obtener un salario por parte del presupuesto de los municipios.
Si bien, podría ser que el gancho de un pago por sus servicios en un principio, suena muy tentador, pero al final son los mismos delegados y las poblaciones a las que representan quienes se arrepentirán si esto puede pasar.
Ya que al aceptar un pago por parte de los Ayuntamientos automáticamente se convertirían en servidores públicos y con ello tienen derechos, pero también obligaciones para con el gobierno y con los ciudadanos, ya no sólo de su población sino cualquier ciudadano que así se los exija.
El que estos acepten un pago por parte del gobierno municipal, como principio de sus obligaciones tendrían que hacer su declaración de impuestos, al igual que cualquier servidor público de acuerdo a lo dispuesto por nuestra Carta Magna.
También tendrían que rendir cuentas por obligación, y en términos de ley hacia cualquier ciudadano, ya no solo de su población, sino con tal que sea ciudadano mexicano, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información publica en el Estado de México.
También serían sujetos de responsabilidad de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, por cualquier acto que realicen, ya que el escrutinio público es de interés general.
Podrían ser demandados tanto como delegados en lo particular y/o como persona jurídica colectiva como delegación, ante el Tribunal Contencioso Administrativo; en términos de la Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y demás leyes que regulan a los servidores públicos.
Tendrían la obligación, ahora si legal, de declarar los cobros, de panteón, agua, mercado, comercio ambulante, ferias etc., etc., ya que, al estar recibiendo un salario del municipio con presupuesto del Estado, se convertirían en servidores públicos, razón por la cual tendrían que someterse a la observación del gobierno municipal, y los ciudadanos en general, porque las leyes así los obligan.
Además, en cualquier cobro que realicen, cualquier servicio que hagan, cualquier acto que hagan, será considerado “acto administrativo” y por ese solo hecho deberán rendir cuentas de ello si a alguien lo solicita y con todas las consecuencias legales que eso significa.
Aún más, en dado momento y lo más peligroso, como los Ayuntamientos pagan los salarios de los delegados municipales, entonces los ayuntamientos podrían directamente manejar los cobros a mercados, panteones, ambulantes, ferias, etc.
En general podrían intervenir en el manejo de la economía de los pueblos, ya que no tendrían un impedimento legal para ello, y bueno si algo le han dejado a las poblaciones del Estado de México; y donde no ha intervenido la burocracia municipal, es precisamente en esos servicios, que mal o bien son de la población, y es la propia población las que arregla las propias inconformidades que se susciten por el manejo de dicha derechos, sin que intervenga el gobierno para ello, solamente los propios pobladores de los pueblos del Estado de México.
Es por ello, que más que un beneficio, el pago de un salario a las autoridades auxiliares por parte de los municipios, es una trampa, porque abre las puertas de par en par para que los ayuntamientos manejen directamente las economías de las comunidades, algo que perjudicaría la libre determinación y autonomía de los pueblos del Estado de México; en donde hasta ahora enhorabuena no ha podido intervenir la mano del Estado.