Ven “cacería de brujas” en destituciones en UAEM

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Despidos de maestros señalados de acosar alumnas en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) podrían generar una oleada de demandas laborales que terminarán por mermar, más, las finanzas de la institución educativa, advierte el Colegio de Abogados  del Trabajo y Seguridad Social del Estado de México A.C.

De acuerdo con el jurídico -el cual podría representar a por lo menos cuatro de los 20 profesores destituidos por quejas de acoso- la administración de Alfredo Barrera Baca no está realizando el proceso legal ni las investigaciones para fundamentar el despido de los académicos.

Tampoco se les ha dado su garantía de audiencia, y la justificación para sacarlos de la universidad se dio a partir de denuncias anónimas publicadas en los “tendederos” expuestos en diversas facultades.

“Todo indica que la decisión de destituir a los maestros fue de corte político, porque no hay un preciso análisis o algo que se apoye jurídicamente por lo cual estamos frente a despidos injustificados, arbitrarios, sin que se tenga la certeza de los actos cometidos”, explicaron.

Aunque se pronunciaron por castigar a los académicos que comentan acoso sexual, también piden se respeten los derechos laborales, ya que mucho de los despedidos tienen muchos años de servicio.

“Los maestros despedidos ya fueron linchados públicamente, sin que se les diera oportunidad de defenderse, incluso se violento su derecho a la presunción de inocencia, por lo cual de decidirse cuentan con 30 días para demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México”.

Ante la ola de despidos ilegales, lo que están propiciando es que a la universidad le “lluevan” demandas laborales, y de confirmarse que fue un despido injustificado tendría que pagarles una indemnización o hasta reinstalarlos en sus trabajos.

“Es casi seguro que la UAEM tendría que pagar laudos y dañar más la finanzas institucionales, pero también podrían proceder en contra de las alumnas por daño moral, todo derivado de la mala integración de las denuncias por parte de la propia institución”, expresaron.