El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” expresó que los gobiernos Federal y estatal deben garantizar que se repare el daño a un grupo de indígenas mexiquenses nahuas de Tlanixco que fueron privados de su libertad entre diez y 16 años por un delito del que fueron acusados de manera injusta, por las instituciones del estado.
“El gobernador Alfredo del Mazo Maza debe reparar el daño de manera integral y urgente a este grupo de personas indígenas quienes fueron violentados en sus derechos humanos”, afirmó su presidente del centro, José Antonio Lara Duque.
El abogado recordó que autoridades de la Fiscalía de Justicia y del Poder Judicial del Estado de México actuaron de manera irregular y dolosa en contra de los defensores del agua al señalarlos como responsables de un hecho delictivo sin presentar pruebas que vincularan a los indígenas.
“Hacemos un atento llamado al subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, para que, en seguimiento a los planteamiento de la reparación integral a los expresos políticos de Tlanixco, el gobierno federal, que en cabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, de un seguimiento puntual y garantice su cumplimiento de la reparación del daño”, expresó el abogado.
Recordó que dichas pruebas procesadas por las autoridades del Estado de México llevaron a los defensores a obtener sentencias de prisión que rebasan los 50 años de condena, sin embargo, en la víspera, el proceso judicial —recordó— se repuso, luego de documentar graves violaciones al debido proceso.
“Tras los años de injusta reclusión y de precedente judicial que los llevo a diversas condenas, se confirma el múltiple acto de violación al debido proceso, por lo que el estado mexicano y el mexiquense deben reponer los daños acumulados a los indígenas nahuas, hoy libres” afirmó Lara Duque.
“Los defensores del agua fueron injustamente apresados, por un período dramáticamente excesivo. La reparación integral del daño en cualquier caso de violaciones de derechos humanos es importante, sabiendo que no es posible regresar más de diez años de vida a una persona injustamente encarcelada y a su familia.
* Fotografía tomada de internet