La Auditoría Superior de la Federación (ASF) liberó a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) de las observaciones hechas en el 2012 al contrato hecho con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para realizar un Servicio de Seguridad Física y Lógica del Expediente Clínico Electrónico, por el cual recibió 68 millones de pesos, sin que se concretara el proyecto.
De acuerdo con la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Responsabilidades de la ASF, el procedimiento DGR/05/2017/R/12/049 concluyó liberando a ambas instituciones de las observaciones hechas, ya que se constató que el proyecto para realizar Expedientes Clínicos Electrónicos si se realizó, contrario a las observaciones hechas.
Seis años después de mantener a la UAEM en el catálogo de las instituciones observadas, la ASF reconoce que -en lo que respecta a este contrato- la universidad cumplió.
Los 68 millones de pesos que el IMSS pagó a la universidad provenían del programa “Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios de las TIC’s”, recursos federales que debían ser fiscalizados.
En la investigación se reconoce a Hugo del Pozzo, ex funcionario universitario, hoy denunciado penalmente por varias transacciones, como el responsable de llevar este contrato en su calidad de Director de Recursos Financieros de la UAEM, quien en su momento declaró sobre el tema ante la Unidad de Asuntos Jurídicos.
De esta manera la investigación determina que existen elementos que acreditan que se llevaron a cabo las actividades conforme al contrato y anexo técnico, debido a las evidencias de entrega, instalación y puesta en marcha de los equipos en el CENATI de Monterrey.
Por tanto exime a ambas instituciones de realizar acciones resarcitorias, ya que se cumplió con el contrato P250559, tal y como anteriormente lo había expuesto el propio rector, Alfredo Barrera Baca, quien expresaba que no comprendida porque la UAEM continuaba en el catálogo de instituciones observadas de la ASF si habían entregado toda la documentación que respaldada el cumplimiento de los contratos hechos con instituciones federales.