El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Justicia Pro Persona A.C. exigen a las autoridades reconocer la ejecución extrajudicial de un joven de 16 años y la tortura sexual en contra de una adolescente de 15 años por parte de elementos de la policía municipal de Chimalhuacán, hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero del 2013.
Mediante un comunicado de prensa, las organizaciones no gubernamentales recordaron que la pareja de adolescentes se encontraba a bordo de una camioneta en el parque Chimalhuache; lugar al que llegaron los elementos policiacos, quienes les ordenaron descender del vehículo para interrogarlos.
Después de acceder a la petición de los uniformados, el jefe de la agrupación policial apartó del grupo a la adolescente hasta una cancha de futbol donde abusó sexualmente de ella y posteriormente con el grupo; la víctima le contó lo sucedido a su novio hasta que los policías se retiraron del lugar y más tarde a su madre.
Al acudir a la instancia correspondiente para denunciar los hechos, los menores y sus familiares se encontraron a los mismos policías a bordo de la patrulla 554, la cual decidieron estacionar detrás de su automóvil.
Al reconocer a los implicados el novio de la adolescente reclamó el abuso sexual; de inmediato, los policías trataron de retirarse del lugar echándose de reversa y chocando con otro automóvil, cuando el joven de 16 años trató de detener la patrulla uno de los policías le disparó en dos ocasiones, lo que le causó la muerte una vez estando en el hospital.
Al respecto, se garantizar el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la reparación integral del daño; se individualice la sentencia por violación, homicidio y abuso de autoridad, y que al haberse establecido el carácter de servidores públicos, se reconozca para efectos de derecho a la verdad y reparación, que dichas conductas corresponden a actos de tortura sexual y ejecución arbitraria conforme a los tratados y estándares internacionales de derechos humanos, como se orientó mediante amicus curiae presentados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Establecer medidas de seguridad para familiares y representantes, quienes en la búsqueda de justicia, además de la revictimización enfrentan obstáculos y represalias por su exigencia.
Y realizar la resolución de dicha sentencia con base en los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y bajo el cobijo de los tratados en la materia firmados y ratificados por México.