Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) como Ivett Tinoco Mejía, y Marco Cienfuegos Aurelio Cienfuegos Terrón, serán integrantes la comisión de selección que se encargará de designar al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, con ello este sistema estará funcionando en la entidad.
Con el voto en contra del diputado del partido de la Revolución Democrática (PRD) José Antonio López Lozano -quién solicitó al incorporación de otro académico sin tener respaldo- fueron aprobados los nueve nombres que integran la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes se esperan sean ratificados por el pleno a más tardar el lunes de la próxima semana.
En total se recibieron 19 propuestas, aunque minutos antes de iniciar la sesión de las comisiones unidas de Transparencia y Acceso a la Información y de Administración de Justicia del Congreso local, el ex rector de la UAEM, José Martínez Vilchis declinó su participación.
Los legisladores escucharon a 18 aspirantes provenientes de instituciones académicas y la iniciativa privada, quienes expusieron su interés de ser parte del Sistema Anticorrupción en la entidad, pues coincidieron que es un problema grave y costo para la sociedad.
Tras el análisis se dieron a conocer los nieve nombres: los Académicos de la UAEM, Carlos Enrique Aguirre, Maria Esther García, Claudia Robles, Marco Aurelio Cienfuego e Ivett Tinoco, por parte de las organizaciones sociales se eligieron a Gilberto Sauza, Ana María de la Cruz Amaro, presidenta de Manos Creativas A.C. María Esther García Miravete, de Familias Unidas, Pensando por la Vida A.C. y Francisco Javier López Díaz, un pequeño empresario y ex aspirante independiente a la alcaldía de Nezahualcóyotl, y Omar Iván Gómez fundador de la RedExposocial.
Este consejo tendrá la finalidad de proponer al Comité de Participación Ciudadana, recomendar la implementación de políticas públicas para combatir la corrupción; solicitar a los órganos internos del control, la Secretaría de la Contraloría y al Órgano Superior de Fiscalización inicien procedimientos para sancionar los actos de corrupción que se registren en la entidad, entre otras funciones.