Mireya Ayala Ramírez es una de las tantas víctimas de la inseguridad que se vive en el Estado de México, concretamente en el municipio de Tenancingo. Era domingo y junto con un pequeño -al que cuidaba- se dirigía a la iglesia, los interceptó un carro negro, del cual bajaron tres hombres robustos y una mujer, quienes le arrebataron al menor y posteriormente solicitaron un rescate de 5 millones de pesos para liberarlo.
Un año después, agentes ministeriales comenzaron a hostigarla para que declarara en contra de una banda criminal que detuvieron y responsabilizaron de los hechos; sin embargo Mireya se niega, afirma que los detenidos no los plagiarios, y su media filiación no corresponde con sus recuerdos o primeras declaraciones.
“Hoy denuncio que la Procuraduría del Estado de México quiere fabricar culpables, y yo no voy a mentir, no puedo acusar a 8 sujetos del secuestro del menor, sólo por ceder a llamadas y mensajes amenazadores, el hostigamiento de agentes ministeriales e inclusive de la familia del menor, quienes quieren que declare en contra de los detenidos, a pesar de no ser los responsables del rapto”.
No es la primera ocasión que ciudadanos acusan de este tipo de irregularidades al personal de la Procuraduría del Estado de México, el caso más reciente, y por el cual familiares, así como amigos se manifestaron fue el de Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros, quien fue asesinada en el municipio de Naucalpan; y a tan sólo unas horas de encontrar su cuerpo, Alejandro Gómez Sánchez, procurador de la entidad anunció durante el quinto informe de Eruviel Ávila Villegas, que el responsable era un “franelero” Fernando González García que trabajaba en el mismo lugar que la víctima.
Es de mencionar que junto con la joven, también se encontró el cuerpo de la señora, Adriana Hernández, a quien, supuestamente, el «franelero» intentó violar, pero lo descubrió Karen propiciando que las matara.
No obstante, los familiares de las víctimas insisten en conocer la “verdad”, y pidieron durante su manifestación “no se fabriquen culpables”, debido a que el caso tomó especial atención durante el informe del ejecutivo mexiquense, mismo que asumió como un compromiso resolverlo en el menor tiempo y poner al responsable en la cárcel.
Otro caso similar de falsos culpables, cuando la familia de José Hugo Chantes Velázquez, acusado de ser testigo y co-autor de violación a cuatro estudiantes de telesecundaria de la comunidad de Las Rosas en San José del Rincón en el 2013; su situación fue atendida por el secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga.
La condena de José Chantes es de 140 años de cárcel, por lo que sus allegados piden justicia, aseguran que no hay pruebas de los delitos imputado, aunque los jueces del Tribunal de Justicia del Estado de México “trabajaron sin ética”, y lo inculparon por supuestamente callar que otro maestro de la misma escuela era quien violaba a los niños.
También está el caso de José Humbertus Pérez Espinoza, líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C, preso desde hace un año, supuestamente acusado de robo con violencia a casa-habitación; y pese a la falta de pruebas y a los amparos conseguidos, continúa el proceso en la cárcel.