La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación al ayuntamiento de Toluca por la muerte de Yara Gharamy, pequeña de 10 meses de edad que murió de una broncoaspiración provocada por el descuido del personal de la estancia infantil “Julieta Lechuga Pichardo” dependiente del Sistema DIF municipal.
Siete meses después del hecho, el organismo defensor –tras una investigación- determinó que la falta de supervisión en el área de lactantes donde dormía Yara, luego de ingerir sus alimentos, propició su muerte.
La recomendación 15/2016 detalla que las dos responsables del área, no cumplieron con su deber, después de alimentarla la acostaron y la dejaron por un amplio lapso de tiempo sin supervisión, como lo marca la legislación en la materia.
Las responsables no advirtieron cuando se hallaba en una situación de emergencia y se producía un cuadro de broncoaspiración que resultó mortal; a pesar de las maniobras de resucitación de la enfermera, así como del personal del Servicio de Urgencias del Estado de México, no pudieron salvarle la vida a Yara.
De acuerdo con el organismo, la promotora y la auxiliar educativa, tenían entre sus funciones vigilar la postura de los niños durante y después de la siesta y corregirla en caso necesario.
La Codhem reveló que a pesar de tener a su cuidado a 110 niños, la estancia infantil no cuenta con los servicios de un médico titulado, por lo que se solicitó que esta carencia sea subsanada a fin de preservar la integridad y el interés superior del niño, como lo marcan las leyes locales e internacionales.
Por lo que toca a los mecanismos de protección civil, la estancia no cumple con las medidas de seguridad mínimas para prevenir y proteger situaciones de riesgo o emergencia; tampoco con los cuneros suficientes acorde a la cantidad de niños.
Además, el personal a cargo de los niños y niñas de la sala de lactantes no disponía del perfil profesional adecuado, cursos o certificación en primeros auxilios; asimismo la estancia no incluye una póliza o seguro de responsabilidad civil.
Dentro de los puntos recomendatorios emitidos por la Comisión se solicita que tanto la abuela como la madre de la menor, reciban tratamiento psicológico, ante las consecuencias que enfrentaron por el lamentable suceso. En cuanto a las sanciones administrativas, indica que no existe obstáculo para que en el expediente se determine a la brevedad la resolución a la que haya lugar.