El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Toluca, denunció que su candidata a diputada local por el distrito II, Esmeralda de Luna Sánchez es objeto de extorsión por la cantidad de dos millones de pesos, con la finalidad de no dar a conocer documentos que pudieran sacarla de la contienda electoral del 1 de julio.
En conferencia de prensa, Cristina Sierra Castillo, presidenta del Comité Directivo Municipal y Carlos Arreola, secretario general revelaron que el 31 de enero fecha en la que se formalizó la postulación de la líder de comerciantes del mercado Aviación Autopan recibió un mensaje vía WhatsApp solicitándole la suma millonaria.
Sin ahondar en detalles, los perredistas informaron que las intimidaciones contra la aspirante a diputada iniciaron desde enero pasado, durante la entrega vestidos de XV años a jovencitas del tianguis.
“Las llamadas y mensajes intimidatorios también se extendieron a sus familiares, y el pasado 2 de marzo las amenazas crecieron, así como la cantidad solicitada ahora para no levantarlos a ella y a su esposo, además alertan que van a desacreditar a Esmeralda con proceso legales pendientes con el fin de terminar con su candidatura”, expresó la presidenta del CDMT.
Para los integrantes del sol azteca la extorsión está directamente vinculada con la administración municipal de Toluca que encabeza Fernando Zamora Morales, su pretensión de reelegirse y por ende con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no obstante, no abundaron en las pruebas para relacionar el tema, sólo que interpondrían la denuncia correspondiente ante la Fiscalía general de Justicia del Estado de México.
Ante la ola de asesinatos que han ocurrido en el país de candidatos, que en especial afectaron al PRD, se tema por la vida de la tianguista, motivo por el cual hicieron públicas las extorsiones, que para ellos se trata de cuestiones de violencia política, responsabilizando a Fernando Zamora y el PRI de lo que podría ocurrirle.
La candidatura de Esmeralda Luna – dijeron- se mantiene firme, no obstante que se pudiera cumplir la amenaza de dar a conocer documentos que pudieran vincularla con algunos delitos, y que por ley pudiera impedirle formalizar la candidatura a finales del mes de marzo.