De cada 10 mujeres que son violadas en el Estado de México cuatro son menores de edad, revelan datos de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR), organización que afirma que en el caso de las menores embarazadas producto de violencia sexual, debe ser obligación del estado proporcionarles la opción de un aborto seguro.
“Puedes Elegir un Aborto Seguro” es la campaña nacional que varias organizaciones civiles entre ellas: Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Ipas México y Population Council México, entre otras lanzarán este 8 de marzo en el marco del día Internacional de la Mujer.
Los datos proporcionados por ANDAR alertan sobre un aumento del 9% con respecto al año pasado en los embarazos infantiles por violación, y en la mayoría de los casos las niñas son obligadas a tener al producto.
“En el caso de los embarazos en niñas menores de 15 años producto de un abuso sexual, el 60% de los casos el abuso fue por parte de un familiar o conocidos, estás niñas son obligadas a concluir con el nacimiento, siendo nuevamente victimizadas y obligadas a recordar el trauma de una violación, pese a que en la ley está permitido el aborto para ellas”, comentaron las activistas.
Agregaron que la violencia contra las mujeres es un hecho cotidiano y que se está normalizando en el Estado de México; de acuerdo con la encuesta nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 450 mil 362 mujeres mexiquenses declararon haber sufrido algún incidente de violencia sexual por parte de su última pareja.
Otras cifras revelan que las denuncias por violación del 2009 a junio de 2016 registraron 18 mil 292, mientras los abortos por violación practicados en la Secretaría de Salud sólo registran 2 mil en el mismo periodo.
El embarazo no deseado es una de las graves consecuencias de la violencia sexual contra las mujeres, el cual cambia de manera radical e inesperadamente la realidad de las víctimas; en todo el país el aborto es legal en caso de violación, sin embargo es muy escasa la información disponible y la mayoría de los gobiernos estatales siguen sin cumplir con esta obligación legal de otorgar facilidades para que las mujeres puedan ejercer este derecho, lo que agrava más su condición de víctimas.