Por Lic. Juan Carlos González Diaz, Presidente del Foro de Abogados Progresistas del Estado de México A. C.
En días pasados fue aprobado por la Cámara de Diputados el uso lúdico de la marihuana para cumplir con el mandato de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación, quien en 2018 considero inconstitucional su prohibición, un avance más en la vida social de nuestro país; la medida aprobada permitirá a los usuarios fumar marihuana, y con un permiso cultivar un pequeño número de plantas de cannabis en casa.
Se trata de uno de los últimos pasos de un proceso legislativo que se ha alargado más de dos años y en el que de manera preponderante se ha visto arropada por los representantes populares de la “4T”. El proceso legislativo que hoy ve frutos y, que, por muchos años la iniciativa de ley permaneció en los cajones de los diputados, con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, los diputados avalaron la creación de la Ley Federal para la Regulación del cannabis y las reformas de la Ley General de Salud y del Código Penal, que fueron aprobadas en noviembre del año pasado por el Senado.
La iniciativa permite fumar marihuana sin presencia de menores, establece permisos para cultivar hasta ocho plantas por domicilio y crear asociaciones de consumidores con un máximo de 50 plantas. También establece un sistema de licencias para el cultivo, así como la venta de marihuana y derivados con cannabis no psicoactivo en establecimientos autorizados.
La legalización de la mariguana implica regular su producción, distribución y consumo, como en la actualidad se hace con las drogas legales y cualquier otra mercancía. Se trata de arrebatarle al narcotráfico el control de este proceso productivo-distributivo, que en la actualidad se realiza en una atmósfera irremediablemente turbia, violenta, corrupta, sin control de calidad ni gravámenes fiscales y en una situación de riesgo para el consumidor que está expuesto a consumir sustancias adulteradas y a ser encarcelado o extorsionado por la policía.
La regulación implica reglamentar las condiciones en que se produce y vende la droga, es decir, ofrecer información sobre su contenido (como con las medicinas y alimentos), normar y vigilar el proceso productivo (cosecha, cultivo, manufacturación, embalaje, etc.) para que el producto cumpla controles de calidad y no dañe la ecología; en cuanto a la comercialización es necesario establecer criterios para controlar la publicidad, reglamentar el consumo y gravar fiscalmente al comerciante.
La legalización obligará al Estado a supervisar y regular todo el proceso productivo y comercial de una o varias drogas; sacará al consumidor de las enrarecidas catacumbas donde se realiza la venta ilegal de sustancias; permitirá que el gobierno ahorre formidables sumas de dinero antes destinadas a «la guerra de las drogas», para que en adelante las use (entre muchas otras cosas) en informar sobre los efectos de las drogas y en atender los abusos en el consumo; también servirá para proteger a los menores que dejarán de ser asediados por vendedores ilegales y que ya no tendrán tantas pulsiones por experimentar sustancias antes prohibidas.