La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició la queja CODHEM/ATL/204/2016 por la intervención de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quienes presuntamente cometieron actos de tortura contra un detenido.
El expediente se tramita de oficio, después de que en redes sociales se conocieron los hechos ocurridos presumiblemente en la región norte de la entidad.
El organismo comenzó las indagatorias a fin de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos. Esta Defensoría de Habitantes, solicitó informes de ley tanto a la PGJEM como a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social estatal; ambas instituciones tienen un plazo de cinco días para entregar los datos requeridos.
Lo anterior, como parte de las acciones que lleva a cabo el organismo público autónomo para prevenir y señalar tratos crueles, inhumanos o degradantes, sancionados por las leyes locales, nacionales e internacionales.
Hace una semana comenzó a circular en las redes sociales un video, donde presuntamente elementos de la Procuraduría General del Estado de México (PGJEM) torturaron a un detenido que fue presentado como probable responsable de los delitos de secuestro y extorsión en 2014.
Además, se observa que un hombre –que porta una chamarra con las siglas de la Procuraduría– coloca en la cabeza del detenido una bolsa de plástico para asfixiarlo.
El elemento que comete estos actos fue identificado como Pedro Velazco Estrada, quien trabajó en el área de Operaciones Especiales de PGJEM de 2009 a 2015.
Este medio confirmó que el policía se integró a la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) como subcomandante de área a partir de 2015. De acuerdo con fuentes de la PGR, Velazco Estrada aprobó todos los exámenes de control de confianza y, por ello, obtuvo el puesto. A las pocas horas de circular el video fue separado.
No es la primera vez que elementos de la policía judiciales son acusados de tortura, en el 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que durante las investigaciones del caso Tlatlaya, se constató que al menos siete elementos de la Procuraduría atormentaron a tres mujeres que fueron testigos de las ejecuciones extrajudiciales en aquel municipio.
Los hechos se comprobaron, tanto que el gobierno estatal tuvo que pagarles una indemnización –a dos de ellas- como lo confirmó el propio Procurador, Alejandro Gómez Sánchez, el mes pasado sin especificar el monto.