2 mil 500 volantes repartidos, 16 pláticas en escuelas de temas como discriminación, derechos humanos, lenguaje incluyente, así como la capacitación de 700 policías, son las acciones más destacadas realizadas en cuatro meses por parte de la Dirección de Prevención Social de la Delincuencia y Violencia de Toluca; la cual tiene un presupuesto de cerca de 15 millones de pesos.
El informe dado por la titular del área, María López Urbina, y que previamente fue aprobado por el alcalde, Fernando Zamora Morales no fue satisfactorio para los ediles de oposición, quienes demostraron su descontento con los comentarios y preguntas hechos a la funcionaria municipal.
Paula Monroy Córdoba, décimo cuarta regidora comentó cuestionó si existían las estadísticas y un mapa donde se observaran las colonias y delegaciones con el mayor problema de violencia, concretamente hacia las mujeres.
Además, le solicitó una copia del informe, a lo que López Urbina contestó: “con mucho gusto, si yo pido la autorización del presidente, eso tiene que ver con la autorización del señor presidente”.
El único dato que le aportó a la regidora es que en la delegación de San Cristóbal Huichochitlán se está presentado un problema de embarazos en las adolescentes, donde se hacen ya pláticas con los padres y algunos jóvenes.
Orlando Goujón Ruíz, décimo primer regidor, también arremetió contra la directora reprochándole que nunca quiso reunirse con la comisión edilicia de Prevención Social de la Delincuencia y Violencia, además de negarse a entregarles el informe presentado ante el Cabildo, a pesar de que ellos estaban obligados a entregarles un dictamen sobre el tema al resto de sus compañeros.
“Me sentí bastante ofendido con la carta que me envió, pidiéndome que me abstuviera de convocarla a nuestra reuniones, que se negara a entregarnos el informe para darle turno a un dictamen que se solicitó a la comisión que presido por parte del presidente municipal”, expresó
Señaló que la Dirección tampoco ha entregado el informe financiero de la dependencia que cuenta con un presupuesto de 15 millones de pesos 250 mil pesos, por lo que hasta el momento se desconoce el número de personas que trabajan en la dependencia, así como los recursos que se están utilizando para realizar las acciones de prevención.
También le expresó que se había negado a firmar algunos convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México, concretamente con la facultad de Ciencias de la Conducta; en este sentido fue el alcalde, quien contestó que no se firmarían convenios únicamente con la UAEM, que ya estaba en puerta un convenio con el IUEM.
Por su parte el octavo regidor, Valente López cuestionó las palabras de sus homólogos solicitándoles que presentaran cifras sobre el incremento de la seguridad en Toluca, porque decir que se estaban presentando homicidios, robos y violaciones a plena luz del día , y que inclusive sus familiares habían sido víctimas de la inseguridad era una cuestión de percepción.
El décimo tercer regidor, Gabriel Medina Peralta fue quien arremetió contra la servidora pública, cuestionando de manera severa su desempeño al frente de la dependencia en estos meses, señalando que no sólo con la entra de 2 mil 500 volantes se puede garantizar que la información esté llegando a una población cercana al millón de habitantes, ni tampoco se tuviera un mapa de la violencia o se revelaran los criterios para otorgar las pláticas en las escuelas. “La actitud de la dependencia es de ineptitud, no se están dando los resultados, no se puede llegar a dar un informe sin un mapa, sin ninguna estadística, cuando vemos que la violencia se está desbordando”, afirmó.
Finalmente la décimo sexta regidora, Esther Cardoso Sánchez expresó que los ediles no tienen la obligación de demostrar con cifras, ni carpetas de investigación lo que los ciudadanos mencionan que es un aumento de la delincuencia, finalmente es la percepción de quienes habitan el municipio y tienen que atender.