El titular de la Secretaría de Fianzas del Estado de México, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), así como el secretario de Salud (ISEM) y el director del Instituto del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) tendrán que aclarar dudas respecto a la aplicación de los recursos públicos del ejercicio fiscal 2018 ante los diputados que integran la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la LX Legislatura.
De acuerdo con los legisladores a partir de este miércoles comenzarán a integrarse funcionarios estatales a las mesas de análisis de la Cuenta Pública 2018, así como personal del OSFEM para revisar las auditorías especiales que se han realizado a dependencias con mayores observaciones financieras.
“Es necesario preguntar al funcionario del ISEM porque el año pasado no entregaron un peso de los más de mil 336 millones de pesos retenidos a los trabajadores al ISSEMyM, y preguntarle a la UAEM por qué no han pagado”, apuntó el presidente de la Comisión, Tanech Sánchez.
La Secretaría de Finanzas deberá ampliar la información sobre 14 programas que más observaciones han tenido, y cuyos detalles no han sido entregados, entre ellos el de Tarjeta Rosa.
“Los funcionarios vienen a comparecer, o en reuniones y declaran la necesidad de mayor presupuesto pero moralmente, éticamente y contablemente uno se atreve a pedir en la medida en que gastó adecuadamente lo que se entregó.
Los legisladores cuestionaron al OSFEM, la falta de detalle de las auditorías especiales, y sobre todo en los avances de las dependencias auditadas y aquellas que tienen observaciones millonarias, pues no hay procedimientos resarcitorios.
“En el tema del ISSEMyM no se resuelve, no se aclara, no hay información suficiente, en el ISEM igual, donde hay un presunto quebranto y sin consecuencia real para poder resarcir, y establecer que los recursos públicos se gasten en lo que verdaderamente deben gastarse, incluyendo los mecanismos de control para que ello no pase”, acusó la diputada Azucena Cisneros.
La Comisión de Vigilancia ya envió una propuesta a la Junta de Coordinación Política, sobre los funcionarios que deberían asistir a las reuniones, pero será este órgano legislativo el que defina si serán titulares u otros funcionarios quienes acudan a responder por la Cuenta Pública.
El año pasado fueron 38 programas estatales los calificados en desempeño regular, pésimo o crítico, en este año, fueron 9 que mantuvieron la misma calificación, por lo que se valoraría su desaparición.
“La respuesta de la legislatura tiene que ser que esos programas ya no tienen que entrar en el presupuesto del año que viene, porque sería un sin sentido, está mal calificado en términos de desempeño un año y el otro año consecutivo también, y creo que no tendrían por qué tener presupuesto”, apuntó Sánchez Ángeles.
La Comisión de Vigilancia está realizando una revisión precisa sobre aquellos programas que ya no deberían tener presupuesto el próximo año, entre estos por sus malos resultados y tienen que ver con adultos mayores, innovación tecnológica, y del área agrícola.
Se tiene previsto que el dictamen final de la Cuenta Púbica, quedará listo el 2 de diciembre, a pesar de que el OSFEM tiene información parcial, pues las dependencias limitan sus datos y batalla mucho para conseguirla, motivo por el cual los auditores especiales no han podido concluir las 28 auditorías programadas.