“Hasta las últimas consecuencias”, defensa de parque La Pilita

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Días después de que la administración municipal de Metepec que encabeza Gabriela Gamboa Sánchez aprobara otorgar en comodato una hectárea del parque “La Pilita” a la Defensa Nacional para que construya un cuartel, vecinos y miembros del colectivo “Abracemos Parque Las Pilas” llevarán la defensa del espacio público “hasta las últimas consecuencias”, incluyendo recursos legales.

Los ciudadanos, que solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), realizaron este día una asamblea pública para fijar su postura respecto a la actitud del ayuntamiento de Metepec respecto al tema.

A continuación se reproduce el comunicado de vecinos y activistas: 

“Desplegado Abracemos el Parque la Pilita” 

Los habitantes de la comunidades “San José La Pila”, “U. Hab. Andrés Molina Enríquez” y colonias aledañas por medio del presente, nos manifestamos en contra del contrato de comodato donde se otorga parte del “Parque de La Pilita”, realizado por la Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Metepec: Gabriela Gamboa Sánchez, para la construcción de la “Guardia Nacional”; toda vez que esto constituye una clara y flagrante violación a los derechos humanos tales como: derecho a la vida, derecho a un medio ambiente sano, derecho al libre transito y derecho a la consulta ciudadana. Bajo este tenor se considera de suma importancia analizar lo siguiente:

1. Se considera se debe regular el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponden a las autoridades estatales y municipales del Estado de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, bajo los principios    previstos en los artículos 73 fracción XXIX inciso G, el 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

2. Garantizar el derecho de toda persona, dentro del territorio del Estado de México, a vivir en un ambiente sano y equilibrado, adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, que debe ser una de las principales garantías sociales de los mexiquenses, necesaria para aspirar a productividad para el progreso.

3. Regular el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso la restauración de los elementos naturales, de manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos con la preservación de los ecosistema. Si consideramos el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades: Es indudable que estamos obligados a construir lineamientos de largo plazo que preserva el patrimonial natural y ecológico de las generaciones porvenir, para garantizarles de esa manera su desarrollo humano; con estrategias concretas que permitan una mejor calidad de vida. Esto solo será posible si se conjunta un cúmulo de voluntades para la transformación social que se requiere.

4. Asegurar el derecho a la participación de las personas dentro del territorio del Estado de México, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable y la protección al ambiente. Hay quienes han sostenido como principio que es la autoridad la responsable directa de proteger al ambiente, ya que la legislación existente en la materia la faculta para realizar acciones de restauración ambiental; pero, la realidad nos ha demostrado que ese supuesto no es el más adecuado. No es la autoridad la que normalmente daña el ambiente, sino quienes con sus conductas consumistas o de empleo de procesos productivos lo deterioran; por ello ha surgido la polémica entre dotar de mayores infraestructuras a tales autoridades o responsabilizar directamente a quienes produzcan el daño ambiental.

Si bien es cierto que existe la denuncia popular como elemento en la atención de problemas, este no es suficiente; se requiere también la existencia de procedimientos jurisdiccionales para que la sociedad pueda oponerse a la realización de actividades que daña el entorno.

Así mismo, instrumentos internacionales como la agenda 2030 señala lo siguiente:

“El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030.” 

México forma parte del citado documento, tras haberlo firmado y rectificado.

El objetivo 15: “Vida de Ecosistemas Terrestres”, de dicha agenda señala; “La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencia. La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir el cambio climático.

Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques, mientras que la degradación persistente de las tierras secas ha llevado a la desertificación de 3.600 millones de hectáreas, afectando desproporcionadamente a las comunidades pobres.