Los institutos políticos deben retomar las peticiones ciudadanas y de organizaciones sociales para crear políticas públicas, programas y acciones.
Los casos de violencia política de género no deben tomarse como hechos aislados, porque es un problema real que requiere la participación de todas y todos para prevenirla, reconocerla y erradicarla, fue la conclusión general del Conversatorio “Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres en la Política”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Así lo informó la titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, de la Codhem, Ana Karen Vargas Esquivel, quien puntualizó que la violencia política es un fenómeno social que no ha sido explorado plenamente por las instituciones de justicia y refleja la necesidad de generar acciones afirmativas; además, no sólo la sociedad debe prevenirlo y atenderlo, sino los partidos políticos deben retomar las peticiones ciudadanas y coadyuvar con organizaciones de la sociedad civil para crear políticas públicas, programas y acciones que velen por la seguridad e integridad de las mujeres.
Ante los representantes de los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Movimiento Regeneración Nacional, Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Del Trabajo y Verde, indicó que los institutos políticos requieren fortalecer y promover campañas de inclusión a favor de la participación política de las mujeres que manifiesten interés y capacidad para ocupar cargos de elección popular, en condiciones de igualdad respecto de los varones.
Agregó que los partidos políticos tienen el compromiso de fomentar la participación ciudadana, la cultura de la denuncia y mejores condiciones de justicia para quienes se ven violentadas por su incursión en la política, situación que debe considerarse sobre todo ante la proximidad de procesos electorales estatales.
En el Conversatorio también se llegó a la conclusión de que los partidos deben mejorar los procedimientos de sanción, dar la importancia que tienen los casos de violencia política de género y robustecer acciones para garantizar a las mujeres el libre ejercicio de sus derechos político-electorales, garantías establecidas en ordenamientos jurídicos estatales, nacionales e internacionales.