Gerardo Pliego Santana, Diputado de Morena en el Estado de México propuso la creación de la Agencia Estatal Anticorrupción, como un ente con autonomía técnica, presupuestaria y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones; además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propios.
El morenista propuso en su iniciativa reemplazar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) con la Agencia Estatal Anticorrupción.
De acuerdo con el morenista, la iniciativa surge debido a que casi a una década de la creación del SAEMM, su avance ha sido limitado debido a un diseño institucional que generó relaciones de dependencia y procesos no vinculantes.
El objetivo de la Agencia -comentó- como una Órgano Técnico Constitucional Autónomo, deberá asegurar la coordinación y operación efectiva del Sistema; diseñar, proponer y emitir lineamientos técnicos, metodologías e insumos especializados en materia de anticorrupción y gestión de riesgos; y administrar la Plataforma Digital Estatal y desarrollar estrategias de análisis de datos e inteligencia anticorrupción.
La iniciativa señala que la Legislatura estatal designará a la persona titular de la Agencia, quien ejercerá el cargo por ocho años, mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, previa consulta pública con la sociedad civil y con organismos públicos y privados relacionados con la transparencia.
De acuerdo con el proponente, a casi una década de la creación del SAEMM, su avance ha sido limitado debido a un diseño institucional que generó relaciones de dependencia y procesos no vinculantes. Agrega que, aunque el Sistema fue concebido como un espacio de coordinación interinstitucional, carece de un ente con atribuciones sólidas que garanticen la eficacia de dicha articulación.
Finalmente, puntualizó que el Plan de Desarrollo del Estado de México y Municipios 2023–2029 reconoce esta insuficiencia, mientras que el propio Comité Coordinador del Sistema, en su informe de labores 2024–2025, emitió una recomendación no vinculante al Poder Legislativo para impulsar una reforma estructural que dote al Sistema de mecanismos reales de operación, seguimiento y cumplimiento, que retoma esta propuesta.