Por Lic. Juan Carlos González Díaz.
Presidente del “Foro de Abogados Progresistas del Estado de México”; A. C.
Sin duda el problema de la inseguridad en el Estado de México es un tema preocupante y de interés general. Un problema que atañe a la autoridad y que a la fecha no han logrado dar los resultados deseados en ese campo, lo que no es cuestión menor si tomamos en cuenta que nuestra entidad es la que cuenta con más población en relación con lo demás estados de la república, y con los más altos niveles de impunidad a nivel nacional, este (la impunidad) elemento clave para abatir la delincuencia y que sin embargo en el estado de México ha quedado a deber, ya que al quedar impunes la acciones de quienes violentan el sistema, la estructura y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, estos son incapaces de reducir la acciones que han conducido a los niveles de inseguridad que hoy enfrenta el Estado de México. Ya que de acuerdo al Índice Global de Impunidad IGI-MEX 2018, Coordinado por Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP el estado de México es la entidad con más alto índice de impunidad en el país:
“…El Estado de México es la entidad con el índice de impunidad más alto. Con 80.06 puntos de impunidad, el Estado de México tiene el puntaje más alto del IGI-MEX. Se registran 202,205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el país, y únicamente hay 1,209 sentenciados en primera instancia, esto implica que sólo el 0.59% de las carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos. Otro punto importante es la diferencia entre las carpetas de investigación y las causas penales abiertas (16,863) lo cual significa que apenas el 8.33% de todas las carpetas se convierten en causas penales, dejando más de 185,000 procesos concluidos en esa etapa. Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que presenta la problemática más grave en el país…”.
Resulta paradójico y por demás ilustrativo que la actual Legislatura del Estado de México; ha venido haciendo diversas reformas a leyes y en otros casos nuevas regulaciones legales para que las instituciones den mejor resultado en lo concerniente a la seguridad de las personas. Sin embargo, ello pasa a segundo término si no se ataca la impunidad en nuestro estado, ya que los altos niveles de impunidad constituyen así una señal clara de un muy defectuoso funcionamiento del sistema de justicia estatal, porque éste es incapaz de castigar de manera adecuada las denuncias por delitos que llegan a su dominio, porque es incapaz de generar la confianza en los ciudadanos que les anime a acercarse a éste para denunciar los delitos sufridos, o bien porque se da una combinación de las dos condiciones. Además, la impunidad es un acicate para la comisión de nuevos delitos. Las acciones delincuenciales que quedan sin castigo efectivo y adecuado estimulan y, con frecuencia, escalan nuevas prácticas de criminalidad. El sujeto que queda impune puede con mucha probabilidad volver a cometer delitos, de manera que con la acción de un único sujeto delincuencial se puede instalar una cadena muy amplia de criminalidad.
Es por ello que más que promover nuevas leyes y nuevos delitos agregar al Código Penal de nuestro estado, la Cámara de Diputados local es hora de que exija resultados a la Fiscalía General de nuestro estado, es hora de que se establezca verdaderos lineamientos que en verdad ayuden a terminar con la impunidad en nuestro estado, ya que lo contrario, seguir solo formulando nuevas leyes seria estar como se dice comúnmente dándonos a la sociedad solo “atole con el dedo”.