Emilio Zebadúa González y Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez son los nombres de las personas que aparecen en el convenio de colaboración por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México con la Secretaria de Desarrollo Social en el 2013 para realizar una serie de acciones relacionadas con el programa “Cruzada Contra él Hambre”.
El exfuncionario universitario, quien fue denunciado vía penal por la UAEM en el 2016, precisamente por firmar como apoderado legal de la universidad varios convenios señalados con observaciones por la Auditoría Superior de la Federación.
Desde hace tres años la institución educativa dio a conocer que fueron Hugo Manuel Del Pozzo Rodríguez y Enrique Fichtl Becerra los encargados de realizar estos convenios con SEDESOL, uno de ellos, por la venta de software al gobierno de Oaxaca por 16 millones de pesos que nunca se entregó, hecho que derivó en una denuncia en contra de la institución que aún no se resuelve.
Ambos exfuncionarios universitarios, que fueron inhabilitados por UAEM, enfrentan cargos penales, en el caso de Del Pozzo fue arrestado en el 2017 pero no pasó mucho tiempo para que lo dejaran enfrentar en libertad el proceso, tras el pago de una fianza, pese a estar acusado de peculado en agravio de la administración pública.
A raíz de la detención de la exsecretaria de la SEDESOL, Rosario Robles imputada de omisión al estar enterada de un presunto desvío de recursos públicos a empresas “fantasmas” o bien por servicios que no se realizaron; la mayoría de estos convenios y contratos se hicieron con universidades del país, lo que nuevamente colocó a la UAEM y a dos de sus exrectores, Agustín Gasca Pliego y Jorge Olvera García en el reflector, ello a pesar de que este último sí hizo las denuncias penales correspondientes y la medidas administrativas señaladas por la ASF.
El rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca de nueva cuenta tiene que enfrentar los señalamientos derivados por la investigación periodística “La Estafa Maestra” a pesar de que ninguno de estos convenios se firmó durante su gestión y la institución no ha sido requerida de manera oficial durante el proceso, por ahora.
