Jair “N”, el estudiante del CBTIS203 de Metepec, arrollado el pasado jueves sobre paseo Tollocan tiene sólo el 20 por ciento de probabilidades de sobrevivir al incidente por el cual le han amputado ambas piernas, de acuerdo al reporte médico, comentó su padre frente al edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Familiares y amigos de Jair llevarán su indignación a las calles por las anomalías ocurridas durante el proceso legal para dar con los responsables del incidente que ha comprometido la vida del joven estudiante.
El pasado 14 de marzo, el individuo de 22 años, identificado por las autoridades como Jonathan “N”, quien manejaba la camioneta que provocó las lesiones al menor de 15 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público por policías de Toluca y horas después quedó en libertad tras con las reservas de Ley, tras agotarse el plazo legal para retenerlo.
A pesar de que la persona que fue puesta a disposición del Representante Social conducía bajo los influjos del alcohol, de acuerdo con los análisis periciales, no fue procesado por la autoridad debido a una ampliación de declaración que lo eximió de la responsabilidad.
Ahora las autoridades imputan a Roberto “N”, de 21 años, la responsabilidad de conducir el vehículo al momento del percance.
Después de que familiares revelaron la gravedad de las lesiones de la víctima a medios de comunicación, la FGJEM concuerda que éstas se clasificaron como aquellas que sí ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de 15 días y sí ameritan hospitalización.
Así mismo, la institución de procuración de justicia sostiene que ha actuado con apego a la Ley y reitera su disposición para resolver el caso.
Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia implementar las medidas cautelares necesarias para impedir la violación a los derechos humanos de Jair “N”, garantizar su integridad e seguridad; y asegurar que las indagatorias sean realizadas en estricto apego a Derecho.
Por el incidente, la institución de Derechos Humanos inició la queja CODHEM/TOL/194/2019 para brindar asesoría a los familiares del menor de edad lesionado.
De manera extraoficial, familiares y amigos de Jair acusan que la complacencia de las autoridades con el responsable del incidente se debe a que su madre es funcionaria pública del área de Derechos Humanos en la FGJEM; sin embargo, la institución negó el señalamiento y sostuvo que la mujer es empleada del Ministerio Público, versión que también fue rechazada por las autoridades.