Académicos y políticos interceden por Fermín Carreño

A días de que se dé a conocer la sanción que impondrá la Comisión de Sanciones y Responsabilidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) al investigador, Fermín Carreño Meléndez, académicos y políticos reprueban la acción que pretende realizar la institución, pues aseguran que se viola el derecho a la libertad de expresión.

Los senadores, Alejandro Encinas Rodríguez y Miguel Barbosa Huerta, el diputado local de Morena, Vladimir Hernández Villegas, Leonel Godoy Rangel, Saul Escobar Toledo, Martha Téllez Carbajal, Félix Santana Ángeles, José Luis Gutiérrez Cureño, Adriana Luna Parra, Antonio Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos de Morena; además de los académicos Alberto Saladino, Patricia Gabriela Montiel Carranza, José Antonio Cuevas Barrón, Dolores Arévalo Zenteno, Alejandro Gil Martínez, Perla Delgadillo entre otros reprocharon el caso.

El investigador fue llevado a la Comisión debido a las declaraciones que realizó el día del registro para los candidatos a rector de la UAEM, donde destacó que no participaría por considerar que no existían condiciones de equidad para poder participar.

Tras expresarse la Comisión Electoral Transitoria anuncia que solicitarán una sanción para el académico, y una sesión antes de concluir la administración de Jorge Olvera se le notifica que sus declaraciones dañaron la imagen de la institución, motivo por el cuál sería sancionado e inclusive se habló de su expulsión de la universidad.

El tema lleva varias semanas en la Comisión que no resuelve cuál será la sanción, sin embargo estas figuras académicas y políticas aseguraran que no existen elementos para continuar con el caso, porque las declaraciones de Carreño Meléndez no fueron publicadas, pero sobre todo porque era su opinión acerca de un tema de importancia institucional y violan la libertad de expresión.

Finalmente solicitaron al rector, Alfredo Barrera Baca detener una sanción que exponga realmente a la institución universitaria en el panorama nacional, como un lugar donde se violentan los derechos humanos y se persigue a los académicos con trayectoria que siempre han luchado en favor de la educación pública.