Vecinos del conjunto habitacional “Misiones I” en Toluca, denunciaron la colusión que existe entre la constructora ARA, gobierno municipal y el poder Judicial, permitió que los despojen de sus casas, por adeudos de mantenimiento.
Juan Pablo Treviño Herrera, abogado de los afectados, comenzó a documentar la situación desde el 2008, sin embargo, fue hasta hace algunos años que verificó las irregularidades y las ganancias millonarias que representa el negocio de la construcción de vivienda.
*La Historia en Toluca
Debido a que se encuentra en litigio, la vecina del conjunto habitacional “Misiones I” solicitó omitir su nombre; sin embargo detalló su historia.
Soy una madre soltera que se separó y debido a que me negué a pagar la cuota de mantenimiento de 500 pesos mensuales a una administración impuesta por la propia constructora ARA, la cual a 11 años de iniciar la venta de la primera etapa del conjunto habitacional (2012) es fecha que no termina de entregárselo al ayuntamiento, de ahí que la recolección de basura, poda de áreas comunes, casa club y hasta la seguridad se hace con los recursos de los vecinos a través de la empresa Administración de fraccionamientos en condominio s.a de c.v. (ADFEC).
Fue esta empresa la que inició, hace un año, una demanda de embargo contra mi persona, por no pagar la cuota, y quejarme del cobro, al igual que otros 200 propietarios.
La afectada comentó que sigue en la vivienda comprada por su ex marido, gracias a un amparo. Lo cierto -resaltó- es que ARA a través de las personas que impuso en la administración del conjunto habitacional me la quitaron, por adeudar de 135 mil pesos de mantenimiento no dado desde el 2014.
Las casas de interés social, ubicadas al norte del municipio sobre la carretera Toluca-Naucalpan, fueron vendidas desde el 2012, principalmente a trabajadores que podían adquirir un crédito de hasta 25 años y pagarlas en mensualidades de aproximadamente 8 mil pesos, ya que éstas casas tuvieron un precio de poco más de un millón de pesos.
Se les aseguró que contarían con todos los servicios públicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad, sin embargo como aún no se municipaliza al 100% la entrega del fraccionamiento al ayuntamiento de Toluca, ARA determina cederle el control de estos acciones a la empresa ADFEC, sin consultarlo con los vecinos, o dejando que se nombren representantes por parte de los compradores.
“Yo nunca pagué nada, si sabía que había una cuota de mantenimiento, pero yo no firme ningún contrato para pagarlo, por lo que ADFEC me demanda por el adeudo de 35 mil pesos con un interés del 72% que dan por 150 mil pesos”.
A mi me dejaron sin casa, el Roco eso ya está tan avanzado que no tendré donde vivir con mis hijos, todo porque hay vicios desde el poder judicial, donde permiten estos abusos, donde yo me percaté que se trata de toda una “mafia”; primero té venden la casa y luego te la quitan al amparo de las autoridades.
*Descubren colusión de autoridades con constructora
El abogado Juan Pablo Treviño Herrera, representante de algunos afectados detalló que existe un “corrupción”, donde se involucra a la constructora, autoridades municipales y el poder judicial.
Estamos hablando -dijo- de un negocio millonario que es el cobro de estas cuotas, anualmente de más de 10 millones de pesos, si se entiende que son mil 800 casas en el fraccionamiento; adicionalmente descubrimos que muchas veces las casas embargadas, se rematan y se las quedan personal cercano a la administración.
Desde el inicio se muestra la corrupción, desde que se les permite iniciar a los administradores un juicio de embargo contra los vecinos con un libro de actas, avalado por el ayuntamiento de Toluca falsificado.
Las administraciones desde 2008, hablando de la de Fernando Zamora, Juan Rodolfo Sánchez Gómez hasta la de Raymundo Martínez Carbajal tienen conocimiento de esta situación y no han hecho nada, puntualizó.
Tanto que los secretarios del Ayuntamiento siguen autorizando libros para condominios, en tanto que esto es un conjunto urbano, al cual deberían otorgarle servicios públicos, pero prefieren con esta acción ceder sus responsabilidades a particulares, desde la recolección de basura hasta la seguridad, en el caso de Misiones I, ni si quiera se cuenta con un drenaje, todas las aguas negras son vertidas a un canal que termina en el río Lerma, ni hablar de la seguridad.
“Es claro el negocio que representa para la administración vender servicios públicos que ya se están pagando con los impuestos, son más de 10 millones de pesos los que reciben para podar el pasto, porque lo demás es obligación del municipio, pero este se escuda en decir que aún no se les entregan los conjuntos habitacionales y se deslindan de sus obligaciones”, expresó.
Otro de los vicios encontrados en este proceso es que todos los juicios son radicados en el mismo juzgado o por lo menos el 98% de estos juicios, que es el Octavo Mercantil; al punto de qué el personal ya conocen a los demandantes, permitiendo irregularidades desde las notificaciones.
“Fuimos con jueces de amparo y magistrados a interponer quejas y éstos se atrevieron a manifestar que dos hojas de Excel traían aparejada ejecución, es decir están validando recibos de la papelería sin sellos ni nada para ayudarlos a proceder con los embargos, hechos de los cuales hicimos de conocimiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, pero no hizo nada”, detalló.
El abogado puntualizó que hoy en el Estado de México se les protege con toda la ley a los constructoras como ARA, en las cuales están involucrados políticos como Arturo Montiel Rojas, como ya se ha dado a conocer en otras denuncias en municipios como Tecámac o Cuautitlán Izcalli, este último hasta se le involucró a la candidata a la gubernatura, Alejandra del Moral.
