El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los lineamientos que tienen como objetivo regular y fiscalizar los Procesos Políticos para salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad de cara a la elección presidencial de 2024, se contempla la fiscalización de recursos gastados en esta etapa.
Acatando la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo ya cuenta con las normas que deberán acatar los partidos políticos que realicen un proceso interno rumbo al próximo año, fuera de los tiempos de pre campaña y campaña.
La Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) revisará de manera especializada, los gastos tanto de los partidos políticos como de las personas registradas en estos procesos, estableciendo un tope de gastos de 34 millones 370 mil 666.00 pesos por persona inscrita.
La UTF realizará monitoreos y visitas de verificación para identificar actos tales como eventos y recorridos, así como distribución o colocación de propaganda realizados por los Sujetos Obligados o Personas Inscritas, de conformidad con la normativa vigente en materia de fiscalización. El monitoreo deberá documentarse mediante acta circunstanciada de cada recorrido.
Sobre la propaganda, los Lineamientos precisan que los actos, eventos y actividades que realicen los partido políticos, organizaciones ciudadanas, personas inscritas y demás participantes no deben tener como objetivo el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular.
En sesión que terminó casi a media noche la consejera, Claudia Zavala expresó, ni la Constitución, ni las leyes electorales prevén un periodo de algo así como pre-precampañas. Lo que el Tribunal Electoral nos ha ordenado en su reciente sentencia es, cito: emitir lineamientos que eviten que los actos que se realicen como parte del proceso político para definir a quienes podrían ostentar una precandidatura o candidatura, vulneren la equidad de la contienda, así como que garanticen la debida fiscalización de los recursos destinados para tal efecto.
La Consejera Carla Humphrey enfatizó que los plazos de la fiscalización “son adecuados, no trastocan la normatividad electoral” y determinan las siguientes etapas: la presentación del informe de los ingresos y gastos correspondientes al desarrollo y organización de los Procesos Políticos será el 2 de octubre de 2023. Es decir, una vez que hayan concluido los procesos internos de los partidos políticos.
La notificación del oficio de errores y omisiones, luego de la revisión de informes, será el próximo 24 de octubre. La fecha límite para dar respuesta a estos oficios concluye el 3 de noviembre y, para que la Comisión de Fiscalización conozca el dictamen consolidado y el proyecto de resolución, será el 27 de noviembre, para ser aprobados el 5 de diciembre de este año. Finalmente serán conocidos y, en su caso, aprobados por el Consejo General el 15 de diciembre de 2023.
El consejero, Arturo Castillo, afirmó que los actos anticipados de precampaña y campaña siguen estando prohibidos, solamente reconoció que se trata de procesos propios de la autoorganización de los partidos políticos, que siguen sujetos a esta prohibición, así como otras conductas ilícitas que podrían afectar la equidad en la contienda.
Cabe mencionar que dentro de estos lineamientos no se establece la obligatoriedad de renunciar a sus cargos de tratarse de servidores públicos, pero si queda prohibida la intervención de los mismos para opinar acerca de estos procesos.