Una alcaldesa, tres comisarios de seguridad, dos subdirectores de policías municipales y un director del DIF en el Estado de México fueron los detenidos durante “Operación Enjambre” por presuntamente facilitar actividades ilícitas de grupos delictivos como “La Familia Michoacana”, “CJNG”, “Unión Tepito”, “Nuevo Imperio” y “Anti Unión Tepito”.
Entre los detenidos están: qlcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, el presidente honorífico del DIF de Tonatico, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, el director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, Rodolfo Chávez Torres, el jefe de región de la Dirección de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, Roberto Malpica Santos, el director de Seguridad Pública y Tránsito de Tejupilco, Eraclio Campuzano Flores, el subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, Omar Leyva Montalvo y el director de Seguridad Pública de Amanalco, Manuel Alejandro Rangel Salgado.
El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Al desarrollar las indagatorias del caso se obtuvieron diferentes datos de prueba, que fueron entregados por la autoridad ministerial a un Juez quien libró las órdenes de aprehensión por delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio contra diversos funcionarios de los municipios de Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán.
A través de la Fuerza de Tarea se realizó un despliegue en varios sitios de la entidad mexiquense para desarticular la red de apoyo municipal a miembros de diversas organizaciones criminales que operan en la entidad.
Luego de efectuar el operativo y cumplimentar las órdenes de aprehensión, a los detenidos se les informaron sus derechos constitucionales y fueron puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.