¿Y las víctimas, Apá?

Mucha tinta ha corrido respecto de la Ley de Amnistía promovida por la anterior legislatura. Enhorabuena por lo que se ha logrado, ha tenido la difusión de muchos medios de comunicación e incluso de organizaciones defensoras de los derechos humanos que han tomados muchos casos con ahincó… pero:

¿Quién se ocupa de las víctimas en el Estado de México?
¿Quién vela por el derecho de las víctimas en la entidad?
¿Qué autoridades tomaran su protección?

También las víctimas tienen sus derechos y también son humanos, pero por lo visto la “ley de amnistía”, ya ampliamente comentada por su servidor en artículos pasados, no se ocupa en ninguna de sus partes de las víctimas.

Es mucho pedir que sean escuchadas las víctimas como un derecho humano del cual goza cualquier persona, algo inconcebible se supondría en un Estado que busca más y mejores derechos para todos los ciudadanos y que tiene una obligación principal también para las víctimas que en dicha ley no se haya establecido la escucha de las víctimas.

Incluso ¿Dónde está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado? ¿Por qué no se ha manifestado sobre la “ley de amnistía”?, debió ser tomado en consideración también para ser escuchada.

Igual pasa con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿Por qué a la fecha no se ha manifestado sobre la víctimas y su papel en la “ley de amnistía”?.

Las víctimas tienen los mismos derechos que cualquier persona y aún más, porque están han sufrido un daño a su persona, patrimonio, familia, bienes, etc. Pero estos derechos -humanos- no han sido gratuitos, las víctimas también han dado una larga lucha para ser escuchadas, ya que los llamados derechos de las víctimas tienen poco tiempo relativamente en que fueron plasmados en nuestra Carta Magna.

Empezó esto a cambiar en México desde el punto de vista normativo a partir de 1993, cuando se elevaron a rango constitucional los derechos de las víctimas del delito, los cuales se han ido ampliando recientemente.

La reforma constitucional de 2008 incorporó el apartado C en el artículo 20 de nuestra Carta Magna,  que establece de manera expresa los derechos de la víctima o del ofendido, y estableció las bases para el nuevo sistema penal y la expedición en 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual complementa la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo de 2011.

Así también, en enero de 2013, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Víctimas, misma que prevé, entre otros temas, crear un registro nacional de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.

En el Estado de México se publico el 9 de enero del año 2013, la Ley General de Victimas, lo cual se traduce en una mayor cobertura y mejor atención a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.

Es por ello que habiéndose ganado los derechos victímales que se insertara en nuestros máximos estatutos, leyes federales y locales, a la fecha nadie haya alzado la voz por las víctimas, ninguna “ONG”, ni los diputados y muchos menos los organismos encargados de ellos como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y muchos menos los diputados de la anterior legislatura, error garrafal dejar a las víctimas de lado ya que se les estaría re-victimizando.