Una camioneta tipo pick up con placas LA-27137 sin rotulo oficial alguno y con cuatro sujetos viajando en la parte trasera arrebataron mercancía a un vendedor ambulante de fruta instalado sobre la calle Ignacio Rayón entre avenida Lerdo de Tejada e Independencia.
Segundos después de apropiarse de la mercancía, los hombres que se identificaron como inspectores intercambiaron insultos con ambulantes y ciudadanos que transitaban por la zona y pretendían detener el decomiso.
Durante el año con 18 meses, 15 verificadores fueron separados del cargo por utilizar fuerza excesiva contra la ciudadanía y por actos de corrupción sin que el ayuntamiento revele si se sancionó a estas personas o si continúan trabajando para la administración municipal.
Ante esta situación, el alcalde Fernando Zamora Morales prometió que todos los operativos se realizarían con la presencia de personal de la defensoría de Derechos Humanos municipal, cuya titular es María Elena López Barrera, hermana del segundo síndico Francisco Emmanuel López Barrera, ambos hijos de la ex alcaldesa y ahora senadora María Elena Barrera Tapia.
En marzo pasado, un grupo de inspectores golpeó a un joven que intentó impedir el desalojo de un vendedor ambulante que en las inmediaciones de la preparatoria 3 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el joven cae al suelo y es pateado en el rostro por personal del ayuntamiento.
Otro caso documentado es el de Rodrigo Pantoja García, el joven al que le rompieron la nariz los inspectores del ayuntamiento en pleno Centro Histórico de la capital mexiquense y a quién Zamora Morales echó de un sesión de Cabildo por reclamar la agresión.
A pesar de la promesa que hizo Zamora Morales de incluir a personal de Derechos Humanos del municipio para garantizar estricto apego a la ley esto no ocurre.
