Caen las primeras denuncias por cobro de cuotas escolares

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, inició cuatro expedientes de queja por el cobro de cuotas escolares, condicionamiento de entrega de documentos y malos tratos por parte de los servidores públicos, iniciadas en Huehuetoca, Toluca y Ecatepec.

La encargada de la Unidad de Orientación y Quejas, Jessica Terán Aguilar, afirmó que la defensoría estatal se mantiene atenta para que no se limite el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, expresado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el tercero de la Constitución que refiere que debe ser laica, gratuita y obligatoria.

Ante la presunción de la violación del derecho a la educación se iniciaron dos quejas en Huehuetoca, una en Toluca y otra en Ecatepec, por condicionar el servicio en escuelas primarias y secundarias.

La funcionaria de la CODHEM recordó que la semana pasada se inició el periodo de inscripciones, por lo que se han efectuado 26 orientaciones y gestiones ante instancias educativas por hechos que no ameritaron el inicio de una queja; asimismo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) canalizó algunos asuntos relacionados con la materia mismos que fueron atendidos.

Detalló que el mayor porcentaje de orientación se refiere al cobro de cuotas escolares, que a decir de algunos usuarios, son excesivas, y en menor proporción la exigencia del pago de adeudos, como condición para entregarles el certificado escolar o documento correspondiente.

Terán García expuso que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México emitió la circular DGEB/AJ/158/2017 que impide que haya condicionamiento, por lo que llamó a la población afectada por esa situación, acudir a la Codhem en sus distintas sedes, solicitar información a través de la línea telefónica 01 800 999 4000 o iniciar quejas vía internet.

Comentó que este año aumentaron las peticiones de orientación desde antes del periodo de inscripciones, ya que los padres de familia tienen más conocimiento de sus derechos y saben que no están obligados a hacer aportaciones económicas para que sus hijos puedan ingresar a una escuela.