La «caza» de migrantes, los abusos contra comerciantes ambulantes y las desapariciones de mujeres menores de edad en la capital mexiquense son innegables, y la postulación del padre Alejandro Solalinde sólo confirma las violaciones de Derechos Humanos que persisten actualmente por parte de las autoridades, sostuvo Mónica Hurtado, activista de la Asociación de los Derechos Humanos del Estado de México (ADEM).
A raíz de esa postulación el país y por ende el municipio está «bajo lupa» a nivel internacional y es lamentable que las autoridades sean indiferentes al respecto señaló la activista tras calificar de de vacío el primer informe de actividades de la titular de la defensoría de Derechos Humanos en Toluca, María Elena López Barrera, quien se limitó a cubrir el protocolo oficial para rendir cuentas durante la quincuagésima primera sesión de Cabildo.
«Hasta hoy no existe un posicionamiento de la defensoría municipal sobre estos casos; fue una simulación, podrán argumentar que cumplieron con la ley pero más allá de cumplir con el protocolo el informe sobre Derechos Humanos debió de ser muy detallado y no sólo para los cuates», dijo.
La representante de ADEM, comparte la perspectiva del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera al señalar que la administración municipal que encabeza Fernando Zamora Morales replica la política del presidente Donald Trump ordenando a la policía «cazar» a los migrantes que deambulan por la ciudad.
«Las instituciones están acostumbradas a crear una imagen progresista sobre la defensa de los Derechos Humanos hacia el exterior, pero en nuestra casa somos los más represores y más violentos ante las necesidades de la gente», sentenció.