Extravían cadáver en hospital de Toluca

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) solicitó una disculpa pública emitida por las autoridades del hospital materno perinatal “Mónica Pretelini Sáenz” debido a que por una serie de negligencias dispusieron del cadáver de un feto de manera inadecuada, dejando en la incertidumbre a una madre al no saber el motivo de la pérdida del producto.

Por los hechos la Defensoría estatal emitió la recomendación 20/2016 al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) pues con las acciones descritas se violó el derecho a la verdad y a una atención médica libre de negligencia de la paciente.

El documento detalla que el médico responsable incurrió en omisión y falta de profesionalismo, al no seguir el protocolo de estudios de necropsias y no dar trato adecuado al cadáver, lo cual influyó en su extravío e impidió la necropsia correspondiente, afectando la dignidad de la madre y transgrediendo su derecho a la verdad sobre las causas de la muerte del producto.

Es de mencionar que el médico especialista sólo elaboró la autorización del estudio, pero depositó en el médico residente, toda la responsabilidad del cadáver, para encargarse del embalaje, etiquetado y traslado al anfiteatro, además de dar seguimiento al procedimiento de necropsia. Lo anterior, dista de ser un acto responsable, pues por ley, ningún residente puede hacer las funciones propias del médico tratante.

Entre los puntos recomendatorios elaborados por la Codhem, destaca emitir un psicodiagnóstico especializado y dar la atención requerida por la víctima; además de la necesidad de armonizar las disposiciones sobre las residencias médicas y emitir una circular para que las actividades de éstas, sean supervisadas de manera correcta y les sean asignadas funciones conforme a la normatividad, que no excedan las responsabilidades encomendadas; además de diseñar y ejecutar un programa de cursos-talleres para sensibilizar a los profesionales de la salud del hospital materno perinatal.

La defensoría estatal estableció que se informe a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que finque la probable responsabilidad de los servidores públicos involucrados en el caso.

También determinó implementar protocolos para la cadena de custodia y resguardo de cadáveres en la Unidad Tocoquirúrgica, al no existir un espacio adecuado para la conservación de las muestras y cadáveres que serán analizados por el área de patología.

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