Leyes “a modo” paraíso de la alta burocracia

El segundo síndico de Toluca, Francisco Emmanuel López Barrera retomó su actividad política sin ninguna repercusión, tras su viaje recreativo a Ibiza. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, mentir para irse de paseo y faltar a sesión de Cabildo, su única obligación, justificando su inasistencia por “motivos personales” le permitió quedar libre de castigo, como a tantos síndicos y regidores de toda la entidad que no están representando a la ciudadanía, sino los intereses del partido que los llevó al poder.

El pasado 10 de julio, el funcionario toluqueño se exhibió en redes sociales paseando en Europa, horas después “Chico” Barrera, como se le conoce en el círculo de la política, tomó el primer vuelo de regreso a Toluca y bombardeó su página de fan page de fotografías trabajando en diversas delegaciones, más tarde decidió solicitar que se le descontarán los días que botó el trabajo.

La actitud de “más vale pedir perdón, que pedir permiso” no es exclusiva de los priístas, aunque sí es reiterativa; y como quedó demostrado con el viaje del segundo regidor las leyes no castigan este tipo de desplantes, gracias a las “lagunas legales” los burócratas de “alto nivel” pueden mentir, viajar, hacer y deshacer a su antojo, bajo el cobijo de su cargo.

Los Regidores y Síndicos del Estado de México son funcionarios, que por ley, se les pagan sueldos que no podrían ganar en otra parte, tienen prestaciones como autos último modelo, oficinas y personal humano a su disposición, seguros de vida y gastos médicos mayores, telefonía y viáticos para llevar a cabo sus funciones, sin embargo; no se les exigen resultados y, por si fuera poco, no están obligados a cubrir un horario de oficina; su única obligación es asistir a las sesiones de Cabildo, y como quedó demostrado justificando sus faltas tienen la opción de no hacerlo.

El problema se agrava porque, aunque existe un organismo que se dedica a sancionar los desplantes de los “altos mandos” Contraloría del Poder Legislativo, éste no puede actuar si no hay una queja formal que respalde la petición.

En el Estado de México, un trabajador promedio, como los profesores, cuyo sueldo asciende apenas a 9 mil pesos mensuales, necesita cumplir con 8 horas de trabajo diario en aula, no puede justificar ausencias a menos que sean por motivos médicos respaldados por un comprobante expedido por alguna institución de salud pública, si tiene tres faltas consecutivas son despedidos; se someten a evaluación continúas, y aparte de todo, está obligado a pagar impuestos, así lo manda la ley.

Desde hace años, los cargos de “alto nivel” se tornaron, más que como una función social política, en puestos para disfrutar de los beneficios de salarios altos que no ganarían en otra parte, “negocios jugosos” y un trampolín para seguir en la nómina gubernamental. La mayoría de altos funcionarios carecen de sensibilidad política, lo mismo botan el trabajo para irse de viaje o construyen casas que rayan en lo faraónico, o sólo cobran sin aparecerse en las sesiones de Cabildo, Emmanuel López Barrera sólo es un ejemplo más, pero en los 125 municipios esto sucede, sólo que no todo se denuncia, viven amparados por la ley y sus lagunas.

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